¡Golpe de Estado a la Corte!
Le puede bautizar como les plazca. Sin embargo, técnicamente son un intento de golpe de Estado los ataques orquestados contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Por qué es un golpe de Estado?
Precisamente por eso, porque el ataque lanzado por el Ejecutivo y el Legislativo intentan no solo el sometimiento y la incondicionalidad del Poder Judicial, sino que pretenden acabar con su naturaleza de contrapeso; con la división de poderes y, sobre todo, empujarlo a la inconstitucionalidad. En pocas palabras, una vez que el Poder Legislativo fue sometido por el Ejecutivo — mediante la mayoría de escaños y curules—, ahora el presidente y la mayoría en las cámaras de diputados y senadores quieren el control de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.
Por eso, en respuesta al intento de golpe de Estado, voces nacionales y foráneas participaron en videos en los que alertan sobre el riesgo del fin de los contrapesos; acusan el peligro que corre la democracia y el tufo autoritario de que un solo hombre someta a todos los poderes.
El peligro es —como aquí dijimos desde hace años—, que el gobierno de López Obrador lleve a la democracia mexicana a una dictadura y, con ello, acabe con las jóvenes libertades mexicanas. Y para conseguir ese objetivo, desde el presidente mismo, pasando por su partido, sus órganos de propaganda, sus medios a modo, sus aplaudidores y su mayoría en las cámaras del Congreso, han orquestado una lanzada contra la Corte y sus ministros, con la intención de descabezar al último contrapeso.
Y la perversión golpista es tal que, incluso, han recurrido —como lo dijimos ayer aquí—, a la siembra de odio contra los ministros de la Corte, a los que acusan de ser “la casta divina” de la burocracia federal.
El propio presidente acusa, con información falsa, que en la Corte se pagan salarios de hasta 600 mil pesos.
También queda claro que la campaña contra la Corte no es ocurrencia temporal. Se trata de una “trama maestra” en la que juega un papel relevante la exministra Olga Sánchez Cordero —antaño duramente criticada por AMLO—, y hogaño colocada por Obrador al frente de la Secretaría de Gobernación, para que la exministra sea la encargada de someter a la Corte.
Lo cierto es que ante el intento de golpe de
Estado contra la Corte, el último de los contrapesos reales —los ciudadanos—, están (estamos) obligados a salir en defensa no solo de la Corte, sino de la democracia misma.
Sea a través de los medios independientes, de organizaciones de la sociedad civil, de intelectuales y líderes de opinión, la sociedad está obligada a la defensa de la Corte, de la democracia y de las instituciones.
Y es que defender a la Corte es defender el sistema democrático; defender a la Corte es defender la división de poderes; las instituciones y garantizar los contrapesos. Defender a la Corte es poner un alto al poder de un solo hombre; es defender las instituciones y, en suma, es contribuir en la defensa de la democracia.
Al tiempo.