La terrible ‘Ley Garrote’
Este lunes 29 de julio fue aprobada por el Congreso del Estado de Tabasco la iniciativa del gobernador para “regular la protesta social”, a la cual se le ha denominado “Ley Garrote”, con 24 votos a favor, de los cuales 21 de ellos fueron de Morena.
Dicha ley contempla la inclusión de un nuevo tipo de delito penal, denominado impedimento de ejecución de trabajos u obras para castigar “al que, careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras…” Las penas que se que contemplan van de sanciones de 13 hasta 20 años de prisión. La modificación del código penal de Tabasco consisten en específico en: sancionar con prisión y multa a quien, sin contar con atribuciones, impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas u obstruya el acceso de personal o maquinaria, impida o trate de impedir la ejecución de trabajos u obras públicas o el acceso de persona o maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras ordenados o autorizados por autoridad competente, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando medios de transporte público de pasajeros o de carga, interrumpa o dificulte una vía local de comunicación mediante su obstaculización, o impida de manera total o parcial el libre tránsito de personas. Se prevé que las penas pueden incrementarse si el responsable se hace acompañar de menores de edad o emplea violencia, pida o exija dádivas para la obtención de un empleo, o las acciones se cometen por dos o más personas.
Una de las críticas más fuertes a esta reforma es que con ella se pretende criminalizar la protesta social.
A lo largo de la historia las protestas sociales han sido impulsoras de importantes cambios. La denegación de derechos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ha dado origen a diversos movimientos de protesta, los que han promovido la caída de dictaduras, el voto universal, el fin de la esclavitud, la terminación del apartheid, la reparación a víctimas, entre otros muchos logros. En definitiva, es violatorio de derecho humanos el limitar e impedir que las personas salgan a las calles y levanten la voz para expresar su inconformidad con el orden político o social existente, así como para reclamar a su Gobierno el cumplimiento de las promesas electorales y exigir que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se respeten y cumplan.
Si bien, el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra el derecho a manifestase pacíficamente.
La promulgación de leyes cuyo objeto sea el de restringir el legítimo ejercicio del derecho a la protesta, que permitan la detención de manifestantes por el solo hecho de expresar sus inconformidades, no debe ni puede tolerarse.
El Estado debe garantizar que la legislación cumpla con las normas internacionales de derechos humanos. Sin duda, este tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad pública mediante un marco legislativo adecuado, pero ello no debe impedir ni disuadir el ejercicio legítimo del derecho a manifestarse y protestar.
Por ello es de la mayor preocupación que la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, diga que la reforma que castiga los bloqueos de obras y calles en Tabasco es una medida adecuada para evitar chantajes y sabotajes contra el proyecto de la refinería de Dos Bocas. O que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en su acostumbrada conferencia mañanera, respalde la llamada “Ley Garrote” en Tabasco, bajo el argumento de que es necesaria.
Las peores tempestades políticas suceden cuando los gobiernos intentan reprimir derechos, pues con ello solo se promueve la frustración y se incita a la violencia del pueblo.
Como siempre, un placer saludarlo, esperando que estas pocas letras hayan sido de su agrado y, sobre todo, de utilidad. ¡Hasta la próxima!