Asesinar a un general no cuesta nada
El asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, asesinado la semana pasada en el municipio de Pinos en Zacatecas, no mereció más que una corta mención en la mañanera. En las exequias del general, participó toda la plana mayor de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, pero no fue ni el presidente ni ningún alto funcionario del Gobierno federal, de esos que ayer marcharon alegremente por la ciudad.
El general Urzúa Padilla, al que alguna vez conocimos cuando estaba destinado en Chiapas, era un militar especializado en temas de seguridad y por eso de Chiapas, donde atendía el desafío de la migración, fue enviado a Acapulco y de allí hace casi un año a Zacatecas, ya como jefe de la Guardia Nacional en ese estado, uno de los más azotados por la violencia criminal, y donde cerca del 90 por ciento de su población se siente insegura en su propia casa. El general, con base en la muy poca información que se ha proporcionado, no murió casualmente en un enfrentamiento: fue una emboscada. Cuando realizaron un primer operativo, tuvieron un enfrentamiento menor y de allí se dirigieron a otro lugar. Ahí los estaban esperando los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación que los mantuvieron bajo fuego de armas largas durante diez minutos, dispararon específicamente contra el general Urzúa, que murió en ese ataque. Es el funcionario de más alto rango asesinado en este sexenio, y no recuerdo muchos otros casos de generales en activo asesinados en las pasadas administraciones. Y la noticia no duró ni dos días en los medios de comunicación, desde el propio gobierno fue literalmente sepultada porque por supuesto nada podía ensombrecer la marcha de autoelogio de ayer.
Los dos atentados contra el Estado mexicano más graves que se han producido en este sexenio fueron el asesinato del general Urzúa y el que sufrió el secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch. En ninguno de los dos casos hubo una reacción del Gobierno federal ante esos desafíos criminales. En el de García Harfuch, la propia policía capitalina realizó las investigaciones y logró detener a muchos de los participantes, pero no vimos, como tampoco ahora con el asesinato del general Urzúa en Zacatecas, una reacción del Estado contra los criminales de la magnitud del crimen cometido.
Siempre hay una suerte de diálogo tácito entre el Estado y los grupos del crimen organizado, y a toda acción corresponde una reacción. A una acción brutal como el asesinato de un general en activo con 40 años de servicios correspondería una reacción durísima del Estado contra esa mismo organización criminal. No la hubo en el caso de García Harfuch, no la hubo en el asesinato del general Urzúa, no la hay cotidianamente en las decenas de asesinatos diarios, ante las masacres, las extorsiones, los feminicidios.
En la estrategia de abrazos y no balazos o como se la quiera llamar, el Estado mexicano lo único que hace es reaccionar tímidamente, diciendo que se enviarán más efectivos a un lugar u a otro, y eso, literalmente, no sirve para nada. Debe haber una acción mucho más ofensiva porque los grupos criminales están cada día más empoderados y ante la falta de reacción gubernamental asumen operaciones cada vez más agraviantes para las autoridades y la sociedad.
Pero pareciera que en el Gobierno federal nadie se quiere dar por enterado, se sigue insistiendo en que la estrategia de seguridad funciona aunque no existe un solo dato que lo confirme: octubre fue el segundo mes más violento del año con 2 mil 800 asesinatos y los 14 delitos más graves, desde el secuestro al feminicidio, han tenido alzas en algunos casos dramáticas en los últimos diez meses. Los niveles de violencia son similares a los de diciembre de 2018, pero con una diferencia, hoy el poder y control de los grupos criminales sobre distintos territorios del país, como Zacatecas, se han incrementado, los grupos criminales, insisto en el término, se empoderan cada día más ante las prescindencia de las autoridades, incluso luego de provocaciones como el asesinato de un general del Ejército mexicano.
Hace un año, cuando era el primer aniversario del atentado a García Harfuch, decíamos aquí, que después de un desafío de esa magnitud decir que no se cambiará la estrategia de seguridad, que “no se pactará pero que tampoco se declarará la guerra” a los grupos criminales, no es una respuesta sensata.
No se trata, hay que insistir en ello, de declararle la guerra o de pactar con los criminales, se trata de enfrentarlos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, lo que es la principal responsabilidad que tiene el Estado mexicano. La actual estrategia de seguridad, es simplemente, una suma inconexa de buenos o malos deseos.
Esa heterogeneidad de políticas y esa falta de definiciones, es lo que provoca que los hombres y mujeres que cumplen con su responsabilidad de combatir a los criminales, terminen desprotegidos y siendo objetivos de los mismos. Y eso se aplica a García Harfuch al general Urzúa, y a muchos hombres y mujeres del Ejército y la Marina, de la Guardia Nacional y de otros ámbitos (un policía es asesinado cada día) que siguen cumpliendo, silenciosamente, su labor pero no sienten una protección real del Estado.
Para garantizar la seguridad se deben establecer políticas eficientes que den resultados, no tiene nada que ver con eso de “pactar o declarar la guerra”, se trata de cumplir con la obligación básica del Estado y del Gobierno. Por cierto, en la marcha de ayer de todo esto no se dijo una palabra.