Avances contra violencia digital son insuficientes, señalan expertas

Se evidencia que ciertos jueces ignoran los protocolos para ejercer con perspectiva de género, como lo recomienda la Suprema Corte de Justicia

La erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres avanza desde la legislación, aunque a pasos insuficientes, señalaron especialistas en violencia de género. Los diputados aprobaron que actos de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo, ya se ha considerado como violencia digital y lo adicionaron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Insuficiente

Para Flor Rodríguez, activista y directora de la organización Repara Lumea contra la Violencia de Género, consideró que la reciente reforma propuesta a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pone de nuevo en debate el concepto de Violencia digital. Analizó que si bien es una reforma que amplía el concepto, resulta ser una reforma a medias puesto que en el Código Penal no se encuentra prevista esta ampliación para ser considerada delito. “Por tanto, solo en concepto ampliamos la definición de violencia digital, pero en sanción no encuadra en el delito previsto en el Código Penal”, sostuvo.

Consenso

En ese sentido, Flor Rodríguez consideró que es un paso, sin duda, pero que aún los legisladores siguen sin tomar en cuenta a las activistas, a la sociedad civil para poder hacer proyectos verdaderamente efectivos. “Esperemos que pronto ese cambio también se vea reflejado en las leyes penales”, sostuvo.

Por su parte, Sandy Muñoz Miranda, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en materia de género, señaló que la reforma pretende regular conductas contra mujeres, que ahora tendrán consecuencia jurídica. En este sentido, la especialista consideró que en México empiezan a verse los resultados de los esfuerzos para proteger a las mujeres de la violencia de género. “Si bien aún hay camino por recorrer, vemos ciertas acciones legislativas, judiciales y en otros ámbitos administrativos que abonan al ejercicio cotidiano de los derechos”, opinó.

Deudas

Una de las deudas pendientes en materia de violencia de género es la aplicación de protocolos. Sandy Muñoz Miranda reconoció que a pesar de que el Poder Judicial recibe capacitación, ciertos jueces siguen manifestando una carencia total de perspectiva de género, con lo que ignoran el protocolo que la Suprema Corte de Justicia emitió para juzgar con esa visión. Añadió que si bien no es una legislación obligatoria, establecen la manera en que los jueces tienen que juzgar cuando existe la intervención de una mujer, pero esa falta de sensibilización ocasiona sentencias contradictorias. La especialista criticó que en las fiscalías, las políticas públicas no han alcanzado los resultados esperados. Aunque ya se tiene una mayor amplitud en el catálogo de derechos y más sensibilidad, dijo que sigue habiendo servidores públicos que no acatan los protocolos, que los desconocen o no quieren aplicar la perspectiva de género.

Ley Olimpia

Esta reforma fortalece la Ley Olimpia, porque busca reconocer como violencia digital aquellas acciones de difusión o exhibición de contenido íntimo que no necesariamente se consuman, pero que sí buscan extorsionar o amenazar a las mujeres. Este tipo de violencia también se conoce como “sextorsión”, que es el chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza constante de publicar o compartir imágenes íntimas.

Sigue habiendo servidores públicos que no acatan los protocolos.”

SANDY MUÑOZ

ACADÉMICA UAM