Eliminar prisión preventiva liberaría a delincuentes
El gobierno pide a la SCJN no acatar recomendación de la CIDH pues mandaría a la calle a por lo menos 68 mil criminales
México. Unos 68,000 presuntos delincuentes acusados de delitos como homicidio, secuestro, violación y narcotráfico podrían ser liberados si la Suprema Corte de México aprueba eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, alertó ayer el gobierno.
Arma de dos filos
La prisión preventiva de oficio permite encarcelar a una persona inculpada sin un juicio o sentencia mientras se desarrolla su proceso legal. Esta medida cautelar, cuyos alcances se establecen en el artículo 19 de la Constitución mexicana, ha sido una de las herramientas con las que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha buscado combatir los altos niveles de impunidad en el país, pese a sentencias en contra de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y críticas de defensores de esta causa. La secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, recordó que la prisión preventiva oficiosa se aplica a delitos que “por su gravedad son de alto impacto para la sociedad” y por ello la eventual liberación de sus perpetradores, muchos de ellos miembros del crimen organizado, “pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas” que los denunciaron. La iniciativa del máximo tribunal mexicano responde a una sentencia de la Corte IDH del año pasado que condenó a México por violar la integridad, la libertad y las garantías judiciales de dos ciudadanos que permanecieron más de 17 años en prisión preventiva sin sentencia judicial. En dicha resolución, la Corte Interamericana señaló que la prisión preventiva contraría la Convención Americana de Derechos, al tiempo que pidió a México adecuar su ordenamiento jurídico sobre este asunto.
Alcalde acusó a la Corte de tomar este veredicto para interpretarlo y ordenar “unilateralmente” cómo México debe cumplirlo “sin que se tome en cuenta a otras instituciones” como el Congreso. Señaló a los jueces responsables del abultado número de personas en prisión preventiva.
La [Suprema] Corte no solo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país.”
LUISA MARÍA ALCALDE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN