Peniche: culpar a jueces antes de aceptar incapacidad

Cuando se presenta un hecho delictivo de los llamados de alto impacto, en los cuales los medios de comunicación dan cuenta pormenorizada del hecho, de forma automática el fiscal del Estado César Augusto Peniche Espejel, expone la postura de la institución, cuando en muchos de los casos, no se tiene clara la teoría del caso, como tampoco los datos de prueba para eventualmente llevar a cabo la audiencia inicial y posterior vinculación a proceso.

La cobertura permanente de medios con la que cuenta la fiscalía, le permite incorporar de inmediato información institucional, que no siempre corresponde a la realidad de los hechos, pero sí cumple su objetivo de anunciar datos constitutivos de delito, como formas de presión para los jueces, buscando que esta aparición en medios, incida en la resolución que apoye la teoría de la propia Fiscalía.

Esta postura se entiende, pero no siempre se justifica.

Se ha convertido en una costumbre, que la Fiscalía no acepte su responsabilidad en hechos que le atañen de manera directa, por la actuación de los fiscales en audiencias, donde los imputados alcanzan su libertad en juicio, o bien no queden vinculados a proceso, a pesar de la gran carga mediática, donde la propia Fiscalía, se ha encargado de afirmar que su vinculación será automática o que los elementos que valorarían los jueces en juicio, son los necesarios, adecuados y suficientes para que se dicten sentencias condenatorias.

En la semana pasada, la Fiscalía fue informada sobre la inminencia de la declaración de Alerta de Género para Chihuahua, concretamente en los Municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua capital,

Cuauhtémoc y Parral entre otros, a pesar de las declaraciones de Javier Corral, que la consideraba innecesaria, “ya que se están aplicando medidas para la prevención de violencia contra las mujeres las cuales están incluso más avanzadas a las que incluye la alerta”.

Sin embargo, las cifras hablan por sí solas: Cada dos horas es asesinada una mujer en el país y en los primeros tres meses del 2019 fueron privadas de la vida 227 mujeres, siendo Veracruz (46), Chihuahua (27), México (21), Sonora (20), Puebla (15) y Nuevo León (13) las entidades que registran un mayor número de incidencias de este delito.

En lo que respecta a nuestra entidad, hay que sumarle otras dos, que fallecieron en esta capital hace dos días.

Esto es una primera evidencia de la incapacidad manifiesta de las autoridades locales, encabezadas por Javier Corral, quien continúa con su política de avestruz, negando la realidad de cuanto sucede en nuestro estado, pero además cegado por la habilidad del fiscal Peniche que no quiere dejar el cargo, por lo que le representa, pero que su actuación va en libre picada.

Esta semana también, se conoció el secuestro de una persona menonita dedicada a actividades empresariales, donde se daba por hecho que se habían detenido a los responsables, porque fueron detenidos en el lugar donde se encontraba el cadáver del empresario, por lo que también se informó por Peniche que su vinculación sería automática.

Sin embargo, la valiente juez de control del distrito judicial Benito Juárez, la maestra en derecho penal Fabiola Domínguez Chavira, consideró que la Fiscalía no demostró lo necesario para que se vinculara a proceso a los detenidos y en la presentación del material probatorio para la teoría de la defensa, se incorporó el hallazgo que realizara la actuaria federal que notificara al detenido, al comprobar por ella misma que había sido objeto de tortura, lo cual quedó a criterio de la juez, con el apoyo de especialistas médicos.

En la misma audiencia de vinculación, se demostró que el cuerpo del empresario fue “sembrado” por la Fiscalía, además de que también violentaron las casas de los imputados, de donde sustrajeron diversos objetos y dinero en efectivo, pretendiendo demostrar que los hechos habían ocurrido de manera diferente.

Las declaraciones Peniche, en el sentido de acusar a la juez y a los defensores de manipular pruebas para que no se vinculara a proceso a los imputados creó una atmósfera de linchamiento que continúa, sobre todo en redes sociales, donde ha recibido desde insultos, hasta amenazas de muerte por su resolución dictada.

A pesar de estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia no se ha pronunciado, ni sobre el actuar de la juez, ni tampoco para refutar al fiscal Peniche, ni mucho menos para exigir respeto a una de sus integrantes.

Es verdaderamente lamentable esta postura de guardar silencio ante la acusación directa del fiscal Peniche, quien ni tiene la calidad moral para acusar a una juez de manipular pruebas, como tampoco la integridad para culpar a todos menos a sus propios subordinados.

La Fiscalía trabaja con las uñas, porque no les alcanza para nada; los salarios de los agentes están a la mitad de lo que reciben mensualmente los defensores públicos; la carga laboral es extraordinaria y humanamente insostenible; los bonos que por ley les deberían de entregar, sólo han sido repartidos a unos cuantos; el retroactivo del aumento a nadie le ha llegado, aunque el comisionado asegure que ya se entregó, pero nadie se atreve a denunciarlo públicamente porque saben que está de por medio su trabajo y eventualmente hasta su propia integridad física.

Javier Corral no tiene fama de desviar recursos ni tampoco de corrupto, pero hay varias formas de corrupción y una de ellas es la de mantener a quien no ha respondido al compromiso que se hiciera con la ciudadanía de velar por sus intereses, de no asociarse con las bandas del crimen que operan en la entidad, de no recibir dinero por el manejo de los Ceresos, de no cubrir a los huachicoleros que ejercen control sobre las principales rutas por donde se transporta el energético.

Es justificable que quienes fueron formados con recursos del Estado como agentes del Ministerio Público, hayan dejado la institución para ejercer el libre ejercicio de la profesión, ya que ni siquiera reciben servicio médico de calidad, ni mucho menos que les surtan los medicamentos, a pesar de que se les descontaban Ichisal y Pensiones.

Nuevamente Javier Corral se escuda en su canal de televisión para no dar la cara como gobernante de todos y en esa dinámica, pretende imponer su retórica descalificando a quienes no piensan como él, y en general a quienes ejercen su libertad de expresión, criticando, pero también haciendo planteamientos concretos, al afirmar que quien no responda a los intereses de la ciudadanía, tiene que irse, antes de que se convierta en lastre y se lleve la poca credibilidad que le queda al gabinete Montesori…