El Diario de Chihuahua

ÉXODO EN CHIHUAHUA

DESPOJO Y FALTA DE OPORTUNIDA­DES

- Salud Ochoa / El Diario

Cientos huyen de la violencia y el crimen organizado

La violencia generada por grupos armados, amenazas e intimidaci­ón así como casas, cultivos o negocios quemados, destruidos o baleados, son las principale­s causas del desplazami­ento forzado en Chihuahua ocasionand­o el éxodo de decenas de familias que huyen y que ubican a la entidad entre las de mayor incidencia de dicho fenómeno a nivel nacional, según lo destaca el Informe de desplazami­ento interno masivo 2017.

Roberto M. e Isidro L. quienes, en diferentes puntos de la región serrana, han sido víctimas de la delincuenc­ia organizada y obligados a abandonar su lugar de origen debido a las amenazas y despojo del que son objeto, señalan que el crimen se ha asentado en toda la sierra de Chihuahua reclutando a niños y jóvenes de los pueblos para que se desempeñen como sicarios pero además, aseguran, “levantan” a jóvenes de otros sitios del territorio estatal y reclutan también a pandillero­s de las ciudades para que realicen trabajos de vigilancia y participen en enfrentami­entos armados.

“Los malandros levantan a los muchachos dondequier­a, se los llevan a trabajar y les pagan con droga. Luego les dan armas porque toda la gente que usan debe traer una. Hay niños de 12 años que andan con el arma en la mano. De las ciudades se llevan a los cholos que ya tienen sus vicios y los delincuent­es aprovechan, les ofrecen droga y les dicen que allá nunca les va a faltar”, narra Isidro quien tuvo que dejar su vivienda y tierras en manos de la delincuenc­ia.

“Primero me invitaron a entrar al negocio y como les respondí que no, me dijeron que tendría que irme porque de lo contrario iban a matarme”, señala y manifiesta su descontent­o no solo con los delincuent­es sino con la autoridad que no ha sido capaz de frenarlos.

A los pandillero­s, dice, se los llevan, los entrenan y después los exponen a los enfrentami­entos que los convierten en los primeros muertos.

“Andando allá les dan las armas, los ponen a trabajar cuidando caminos, los entrenan poquito y los mandan a pelear. Los agrupan en camionetas y se van con otros grupos y a esos (a los cholos) son a los que echan por delante para que los maten. Luego los tiran en cualquier parte. Es una tristeza lo que pasa en muchos pueblos de la sierra. Hay gente inocente que se dedica a trabajar y se convierte en víctima de esas personas que quieren todo por la mala”, dice Isidro.

Roberto por su parte, habla de la situación particular­mente difícil que enfrentan las mujeres, quienes son presa constante de los delincuent­es que se “apropian” de ellas en cuanto llegan a la adolescenc­ia.

“Es muy común que se roben a las

muchachas. Las niñas que van creciendo son de ellos prácticame­nte. Hay una que otra que logra salir de allá pero muchas veces ellos (los delincuent­es) se las llevan a los lugares donde trabajan, las tienen allá unos días, a veces las regresan pero en otras ya no y amenazan a los padres para que “no hagan chisme”, indica y asegura que él lo vivió en carne propia cuando levantaron a su hija mayor a quien, después la dejaron “tirada por allí en la madrugada”.

“Denunciamo­s pero nos llegó el papá del agresor, ofreció dinero para que dejara las cosas como estaban. Me dijo que era inútil que pusiera la queja porque él tenía dinero y yo tuve que decirle que no pondría ninguna demanda, que me quedaría con mi dolor, mi sufrimient­o y la humillació­n que me hacían. Era como ponerme a pelear con un león solo con las manos”, señala.

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina­ción (Conapred), aseguró el pasado junio que el desplazami­ento forzado es un fenómeno regional que requiere solución regional, concertada y efectiva en beneficio de los afectados.

A nivel local, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas mantiene en la opacidad la estadístic­a oficial de desplazado­s por la violencia y el apoyo que en teoría se les otorga, esto a pesar de que durante el Ejercicio Fiscal 2018 y 2019 el gobierno del Estado a través de la Secretaria de Hacienda, destinó $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), al Fondo de Atención a Víctimas y del cual, el 20% es para ayuda emergente u ordinaria según los dispuesto en la Ley General de Víctimas, según se desprende de informació­n generada a través de transparen­cia mediante oficio 07081 2019.

En el informe “Episodios de desplazami­ento interno forzado masivo en México”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señala que en el país, “decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como una medida reactiva o preventiva para evitar ser víctimas de la violencia y riesgo que existe en diferentes entidades”.

Destacan a Chihuahua como uno de los estados donde más se detecta episodios de desplazami­ento forzado interno. La CMDPDH indica que la cifra de personas internamen­te desplazada­s en México por la fuerza hasta diciembre 2017 fue 329 mil 917, siendo Chihuahua uno de los 12 estados con mayores casos de éste fenómeno.

El Informe de desplazami­ento interno masivo 2017, indica que en todos los episodios de desplazami­ento masivo se registró la presencia y/o el uso directo de la violencia. En la mayoría de los episodios, la violencia generada por grupos armados organizado­s, fue la causa directa y principal de los desplazami­entos. Incluso en el caso en que se registró como causa un proyecto extractivo minero, la población fue desalojada de sus casas por personas armadas y con el uso de violencia. 17 de los 25 episodios fueron causados por violencia generada por grupos armados organizado­s (68% del total). Estos episodios ocurrieron en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. De un total de 20,390 personas internamen­te desplazada­s en 2017, 11,232 personas (55.09%) se desplazaro­n a causa de la violencia generada por grupos armados organizado­s.

En Chihuahua uno de los episodios de desplazami­ento más recordado se dio en el municipio de Madera, en las localidade­s de Las Varas y El Largo, el 02 de julio de 2017, a causa de la violencia generada por el narcotráfi­co. Fueron alrededor de 500 personas (víctimas) que huyeron sin destino especifica­do. Lo anterior como consecuenc­ia de diversos enfrentami­entos entre integrante­s de los cárteles de la Línea y de Sinaloa y la policía en el municipio de Madera, Chihuahua, provocaron el desplazami­ento de decenas de familias. El 5 de julio, un enfrentami­ento en la comunidad de Las Varas dejó un saldo de 15 muertos y un policía herido. Tres días antes, un enfrentami­ento en la comunidad, había dejado 30 muertos, entre ellos dos policías. Enfrentami­entos como este llevaban meses ocurriendo en el municipio desde que en mayo se recrudeció la disputa entre los cárteles. En Las Varas, en un mes huyó mitad de la población: solo quedaban 500 personas de las más de 1,000 que ahí vivían. El gobernador Javier Corral afirmó en ese momento que en consecuenc­ia, su gobierno diseñó el plan “Desarrollo, Paz y Reencuentr­o” con la intención de reactivar la economía y la seguridad en la región sin que posteriorm­ente se tuviera noticias de ello. El Diario de Chihuahua reportó el 11 de julio de 2017 que integrante­s de la agrupación Madera Unidos A.C. declararon que por semana entre 20 y 30 personas de la pequeña comunidad abandonaba­n Las Varas.

En Chihuahua casi 700 personas se han ido de manera forzada en apenas 6 localidade­s

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Salen de sus pueblos por miedo
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