Exige empresariado se investiguen los casos de conflicto de interés
El presidente de Coparmex Chihuahua, Federico Baeza Mares, consideró alarmante la renuncia de Carlos Urzúa Macías como secretario de Hacienda y Crédito Público, por supuestas irregularidades al interior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en materia macroeconómica.
Consideró que al renunciar y hacer públicas discrepancias en la administración que encabeza López Obrador, generan de entrada, dijo la idea de una marcada inestabilidad en las políticas públicas que ha impulsado el Gobierno, condición que debería ser contraria para lograr el desarrollo con bienestar para el país, apuntó.
Expresó que las declaraciones de Urzúa Macías, en el sentido de que AMLO toma decisiones en economía sin método ni sustento que las justifiquen, encienden los “focos rojos” en la percepción empresarial y ciudadana, por lo que exigió se investigue a fondo la situación.
Sin embargo, lamentó la renuncia del extitular de la SHCP por considerarlo un funcionario competente y comprometido con el equilibrio de las finanzas públicas y la estabilidad económica del país.
“Recibimos con preocupación las diferentes denuncias hechas por Carlos Urzúa, pero nos alarma también la revelación sobre una visión extremista en la gestión pública, y la incapacidad para procesar al interior del Gobierno decisiones informadas y responsables basadas en la evidencia”, sentenció Federico Baeza.
Añadió que urge una investigación profunda de los casos de conflicto de interés, así como de imposición de funcionarios que fueron expuestos en el escrito de renuncia del hasta hoy secretario.
“Exigimos que, sin importar protagonistas, se identifique, investigue, y en su caso, persiga conforme al Derecho, cualquier acto de corrupción latente o que se haya perpetrado en los meses de gestión de la actual administración”, puntualizó el líder empresarial.
De la misma manera, hizo un firme llamado al Presidente para que designe a un titular de la SHCP que sea confiable para los mexicanos y garantice que las finanzas públicas del país serán conducidas con responsabilidad y eficiencia.
La administración federal está obligada a generar certidumbre, particularmente en materia económica y en el respeto al Estado de Derecho. “Sin confianza, será inviable preservar la estabilidad macroeconómica e imposible de lograr la meta de crecimiento económico que se ha planteado para esta Administración”, sentenció.