“Absolución de Esparza evidencia fracaso de la Fiscalía”
La reciente sentencia favorable para el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores, absuelto por el delito de uso indebido de funciones, evidencia el fracaso y la simulación detrás de la llamada Operación Justicia Chihuahua, con la cual el gobernador Javier Corral ha puesto tras las rejas a 26 exfuncionarios, empresarios y políticos ligados a la administración de César Duarte mediante varias carpetas de investigación.
Así lo consideró el abogado penalista Héctor Villasana, al indicar que la Fiscalía exhibe lo endeble de las acusaciones cuando llega a la etapa de juicio oral, y por lo cual sólo 3 casos han llegado a esa instancia; uno de ellos es el de Alejandro Gutiérrez, empresario priista y quien logró la libertad condicional, el de Esparza que obtuvo sentencia absolutoria y ayer en una causa contra Antonio Tarín, exdirector del Comité de Adquisiciones.
De continuar esa tendencia, especificó, se viene para el Estado la responsabilidad de pagar indemnizaciones a las personas detenidas con la medida de prisión preventiva durante uno o dos años.
Justo esa estrategia de tenerlos detenidos es para torturarlos psicológicamente y llegar a un procedimiento abreviado para lograr una sentencia forzada, o para obtener información para sustentar otros casos, subrayó Villasana.
Las detenciones iniciaron en marzo del 2017 y a la fecha se tienen 9 sentencias, de las cuales sólo 3 personas quedaron encarceladas: el exsecretario de Educación Ricardo Yáñez, la exfuncionaria de esa dependencia, Karla Jurado, y el empresario Germain Lezama.
En cambio continúan encerrados otros 17 sin sentencia y mediante la medida cautelar de prisión preventiva, con varias carpetas de investigación.
“Si bien hace 2 años tenían los elementos suficientes para mantener a las personas sujetas a proceso y con prisión preventiva, ahorita se evidencia que no hay sustento sólido para ir a juicio, como fue el caso de Alejandro Gutiérrez y recientemente el de Esparza”, añadió el abogado Villasana.
Arranca juicio oral vs Tarín con testigo protegido
Ayer comenzó el segundo juicio oral de la llamada Operación Justicia para Chihuahua. Es el caso de Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones, por una de las 7 causas penales que se le lleva en contra.
En la correspondiente al juicio iniciado, se le acusa de participar para simulación de procesos con el fin de desviar 2 millones 420 mil pesos del erario, para pagarle al exdiputado Fernando Reyes por un compromiso adquirido con el entonces gobernador César Duarte.
En la audiencia realizada en el Cereso número 1, en Aquiles Serdán, un testigo con identidad reservada indicó que no había justificación para ese contrato, ni era necesario ni correcto, ya que se dio en septiembre del 2016, a días de culminar el gobierno pasado.
El recurso se habría otorgado por el aval de Reyes en el Congreso para permitir, con su voto, la aprobación de reestructura de la deuda y generarle liquidez a la administración encabezada por Duarte, hoy prófugo de la justicia.
En ese caso ya se tiene sentenciado a Reyes, quien salió con condena condicional, y a Iván Eli Sánchez Jasso, por haber puesto a disposición la empresa Bildung Consultoría Organizacional, para lograr la salida del recurso con la simulación de una prestación de servicio. Ambos fueron condenados a 3 años de prisión pero lograron la condena condicional, es decir, en libertad.
De continuar esa tendencia Estado podría pagar indemnizaciones