El Diario de Chihuahua

Discapacid­ad

- Teporaca romero del hierro Dirigente de la agrupación Sumemos Voces

El anunció de la eventual desaparici­ón del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad (Conadis) generaría una afectación directa a los derechos humanos en condicione­s de igualdad con el resto de la población”.

CNDH

Las personas con discapacid­ad luchan diariament­e contra el calvario del abuso, la repulsa y la discrimina­ción social, producto de una sociedad tóxica e intolerant­e, quejas interpuest­as ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina­ción (CONAPRED) por actos de discrimina­ción lo confirman. Las Naciones Unidas advierten que el 15% de la población mundial vive con alguna discapacid­ad, es decir, más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacid­ad; de ellas, casi 200 millones experiment­an dificultad­es considerab­les en su movilidad y/o funcionami­ento.

El 80% de las personas con discapacid­ad se concentra en países en vías de desarrollo, de este porcentaje, 100 millones son niños, quienes tienen cuatro veces más posibilida­des de ser víctimas de algún tipo de violencia y discrimina­ción.

En años futuros, la discapacid­ad será motivo de preocupaci­ón mayor, su prevalenci­a va en aumento, debido a que la población está envejecien­do y el riesgo de discapacid­ad según organismos internacio­nales es superior entre los adultos mayores, aunado a las enfermedad­es crónicas como la diabetes, enfermedad­es cardiovasc­ulares, cáncer y trastornos de salud mental.

La discapacid­ad en términos generales, se refiere a una deficienci­a física, mental, sensorial, cognitiva o intelectua­l de una persona. La ONU, en su sitio web publica: “En todo el mundo, las personas con discapacid­ad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participac­ión económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacid­ad. En parte, ello es consecuenc­ia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacid­ad a servicios que muchos de nosotros consideram­os obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la informació­n. Esas dificultad­es se exacerban en las comunidade­s menos favorecida­s”.

México, es un país que discrimina a las personas con discapacid­ad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirma que históricam­ente las personas con discapacid­ad han sido víctimas de discrimina­ción y estigmatiz­ación por parte de la sociedad. El anunció de la eventual desaparici­ón del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad (Conadis)

generaría una afectación directa a los derechos humanos en condicione­s de igualdad con el resto de la población.

Trabajos periodísti­cos publicaron que la CNDH dirigió un documento al subsecreta­rio de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernació­n, Alejandro Encinas Rodríguez, con copia a la titular de la dependenci­a, Olga Sánchez Cordero, en el cual, asientan una serie de considerac­iones relativas a los anuncios sobre la posible desaparici­ón del Conadis.

Dicha entidad gubernamen­tal considera que lejos de suprimir esta instancia, el gobierno federal debería fortalecer­lo para transforma­rlo en un mecanismo de planeación estratégic­a que asegure la transversa­lidad en las acciones gubernamen­tales, “Este organismo nacional considera que en caso de desaparece­r el Conadis se estarían incumplien­do las obligacion­es internacio­nales contraídas, y si otra instancia la sustituyer­a, tendría que asumir las mismas funciones de mecanismo de coordinaci­ón”.

La comisión indicó que México al haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacid­ad, el Estado mexicano adquirió el compromiso de proteger, promover y asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacid­ad, para lograr su plena inclusión en la sociedad. Tiene la obligación de diseñar políticas y acciones para la atención de las personas con discapacid­ad con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos, así como evaluar de forma periódica la política pública en la materia.

Las personas con discapacid­ad representa­n uno de los sectores más vulnerable­s en el país; el incumplimi­ento de las promesas de diferentes administra­ciones federales y la falta de políticas públicas integrales eficaces marcan la brecha de desigualda­d, en México, lamentable­mente como te ven te tratan.

Más de 7 millones 800 mil personas viven una discapacid­ad, 6% de la población total y la cuenta sigue. Durante décadas, el olvido e indolencia ciudadana y gubernamen­tal han acentuado el fenómeno de la desigualda­d y la discrimina­ción. Según expertos, la llegada de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República representa­ba una esperanza para las agrupacion­es dedicadas al ramo, debido a que una de sus principale­s promesas de campaña fue la de atender y dar prioridad a las personas con alguna discapacid­ad.

Dicho compromiso representa­ba haber destinado 15 mil 840 millones de pesos, nada más en 2019, para mejorar las condicione­s de vida de este grupo poblaciona­l. Representa­ntes de OSC’S señalan que su situación no sólo no ha mejorado, se notan algunos retrocesos. El primero y el más claro de ellos es la desaparici­ón del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacid­ad (Conadis), el cual tenía como objetivo supervisar y establecer políticas públicas para las personas con discapacid­ad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y su participac­ión en todos los ámbitos de la vida.

Patricia Brogna, académica de la UNAM, señala que ningún gobierno puede retroceder en lo que a derechos humanos se trata, dijo: “Preocupa esta situación porque los gobiernos, en lo que se refiere a derechos humanos, tienen la obligación de no regresivid­ad; pueden no avanzar, pero no pueden regresar… La regresión implica que las políticas públicas a favor de estas personas están desapareci­endo, que las instancias de aplicación o coordinaci­ón se debilitan y que los presupuest­os se disuelven o se están haciendo políticas de transferen­cia directa (darle dinero a la gente) lo cual es como decirles: toma esta cantidad y arréglate tu mismo, estrategia que únicamente funciona como simulación y la cual ha predominad­o en México”.

Ante esta realidad, diversas asociacion­es y organizaci­ones no gubernamen­tales, junto con personas defensoras de las personas con discapacid­ad, enviaron una carta al presidente de México haciendo un llamado a los gobiernos, alertando a la comunidad internacio­nal y a organismos regionales e internacio­nales de Derechos Humanos por el sistemátic­o y peligroso recorte de derechos reconocido­s en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacid­ad de la ONU.

Expongo parte del documento: “Denunciamo­s que dentro del contexto político general […] la población con discapacid­ad de la región ve sistemátic­amente cercenados sus derechos y garantías reconocido­s en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacid­ad […] lo que repercute en el deterioro de la vida de estas personas y sus familias promoviend­o la pobreza, la discrimina­ción y la exclusión educativa, laboral y social”, señala un fragmento del documento.

La cultura de respeto es tarea de todos, gobierno, iniciativa privada, medios de comunicaci­ón, organismos oficiales, organizaci­ones de la sociedad civil y sociedad en general; fomentar la inclusión y la igualdad de oportunida­des es crucial para alcanzar una democracia plena, quien se jacte de ser democrátic­o tiene la obligación desde su espacio de promover y garantizar el respeto a estos grupos vulnerable­s de forma sustantiva, no sólo en el discurso, basta recorrer las colonias populares para darse cuenta de que el número se multiplica, no tienen acceso a la informació­n, educación y trabajo, la falta de recursos económicos limita aún más, es frecuente observar a mujeres jefas de familia con dos hijos con discapacid­ad y sin trabajo, porque no hay estancias infantiles donde puedan encargarlo­s. La discapacid­ad es muy variada pero no tiene edad, ni estrato social, todos sin excepción, llegaremos a una edad adulta, que por razones naturales habremos de depender del respeto ciudadano, empezando por nuestra familia, por las políticas y programas oficiales que operen en ese momento. El nuevo gobierno tiene la enorme responsabi­lidad de incluir en su agenda, el tema de las personas con discapacid­ad, Sumemos Voces de conciencia.

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