GPS
LAS GRÚAS DEL SÍNDICO SON LAS FAVORITAS
“El negocio familiar florece al amparo del poder”
Un buen negocio el de los estacionamientos
Más impunidad con Corral que con Duarte
Ese pollito Coespris quiere maicito
La semana pasada surgieron quejas contra agentes de la Policía Vial que en sus recorridos por la Ciudad Deportiva multan a decenas de automovilistas tempraneros que dejan sus vehículos estacionados para hacer algo de ejercicio en el lugar.
Las quejas eran por infracciones indiscriminadas a quienes usaran las avenidas Colón, Pascual Orozco y División del Norte. Pero además por los vehículos levantados en grúas San Marcos, que ya están de planta en la unidad deportiva todos los días por la mañana.
“Echa Corral la grúa a tempraneros”, fue como se tituló la información de GPS del pasado jueves 11 de julio, ilustrada con una imagen de dos grúas en los alrededores del lugar donde el gobernador acude, cuidado por varios escoltas, a ejercitarse temprano o hasta en horario laboral.
El caso es que ahora nos llaman la atención sobre la empresa de grúas favorecida por la Policía Vial, para este operativo en la Ciudad Deportiva y casi para cualquier intervención de la corporación.
San Marcos es la empresa de la familia del síndico panista de la capital, Amín Anchondo, impuesto por Corral en esa posición, contra la voluntad de buena parte de su partido.
Es de suponerse que el negocio familiar florece al amparo del poder. Ahí está la imagen de muestra de algo tan sencillo y a la vez tan elocuente.
De por sí los arreglos en la Dirección de Vialidad con los “grulleros” siempre han sido opacos, qué se puede esperar cuando el dueño de uno de los negocios que tiene como mercado las consecuencias de los actos de autoridad, goza de esas influencias.
Otra coincidencia: también fue de las grúas favoritas de César
Duarte.
Pro-salud es una asociación civil fundada bajo la figura de patronato, que nació para generar recursos en beneficio de los hospitales del Estado.
Esos recursos provienen principalmente de la operación de estacionamientos concesionados por el gobierno estatal, más algunos apoyos directamente de grandes empresas.
Eran más de una decena de estacionamientos localizados en las principales ciudades del estado, particularmente en Chihuahua y Juárez.
Llegó a tener Pro-salud una buena cantidad de empleados para realizar esa labor.
Los recursos obtenidos eran utilizados para financiar la operación de dichos estacionamientos y el remanente era entregado a los hospitales en especie.
Sin embargo, de un tiempo a la fecha le fueron arrebatados los estacionamientos, hasta acorralarlo con unos cuantos, precisamente con el nuevo amanecer.
Cierto es que la asociación carga con historias de falta de transparencia y uso de los recursos obtenidos, sin embargo, nunca nadie le puso el cascabel al gato.
Las cuentas siempre salieron adelante, muy relucientes.
Quedaron como simples chismes, incluso ahora, que se le orilla al cierre de operaciones, con la liquidación de sus bienes.
Los activos, unos diez millones en efectivo, fueron entregados al DIF, así como la nada despreciable cantidad de 66 millones en equipo médico.
El último presidente del patronato, a quien le tocó bajar la cortina, es José Antonio Leal del Rosal, de una familia de médicos reconocidos.
Ahora los estacionamientos serán operados directamente por el gobierno del estado y por el Congreso.
Los estacionamientos son un pingüe negocio muy redituable en la zona centro de ambas ciudades, máxime por su ubicación y cajones.
Veremos que en breve tiempo los estacionamientos serán concesionados. No faltará alguna nueva asociación con dedicatoria o un particular de esos consentidos.
Desde que tomó posesión hasta la fecha, se desgañita en presumir su vocación por el combate a la
impunidad.
En sus últimos eventos, firmando acuerdos y con discursos grandilocuentes, como ocurrió hace un mes en el salón 25 de marzo, no deja el gobernador de insistir en el tema.
Organiza encuentros nacionales y locales para insistir en ello; se deja querer en gacetillas con medios nacionales y se explaya en su espacio preferido y órgano oficial, el Canal 28.
Sin embargo, lamentablemente, en dicho aspecto Chihuahua sigue por la calle de la amargura.
No son únicamente los últimos crímenes de alto impacto, como el del atentado reciente contra el empresario Carlos Cuevas en Delicias, o el del menonita Abraham Harms Peters o incluso el del alto jefe policiaco Óscar García.
Es un clima de impunidad generalizado, auspiciado por la ineficiencia dentro del sistema de procuración e impartición de justicia.
En un estudio bianual realizado por la Universidad de las Américas Puebla, que poco circuló en su momento, se devela la situación reinante entre el último año de gobierno de Duarte y el segundo de Javier Corral, 2016 contra 2018.
De uno al otro, hay un ascenso en los indicadores de impunidad. Con “el vulgar ladrón” el nivel de impunidad era de 59.94, ahora con Corral es del 61.11, de acuerdo con las métricas utilizadas por dicho estudio.
Junto con 16 estados, Chihuahua se encuentra en el nivel alto de impunidad: el 78 por ciento de los casos se descarta en la carpeta de investigación -en la sombra de la discrecionalidady sólo el 22 por ciento llega al juzgado.
Al final, sólo uno de cada cinco procesados logra condena, pese a que Chihuahua cuenta con el mayor número de jueces y funcionarios del poder judicial, por encima de la media nacional.
La retórica del gobernador se estrella con los datos duros y el silencio por situaciones tan bochornosas de ausencia de estado de derecho, como el rescate de jugadores de beisbol en Nuevo Casas Grandes, por falta de garantías de seguridad, que se le ha escapado de las manos, si es que en algún momento la tuvo.
Está en espera el señor que la Guardia Nacional venga y haga el trabajo que ha dejado en el abandono por sus hobbies deportivos y amor por los viajes.
Es una llamada de atención a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios por los abusos en que han incurrido algunos de sus inspectores.
Realizan sus rondines e inspecciones en restaurantes, exigiendo el cumplimiento de estudios y análisis diversos, con cargo a los empresarios.
Muchas veces no traen siquiera una orden de inspección.
No se trata de estudios que se realicen una vez cada determinado tiempo, prudente y considerable, sino el abuso de exigir estudios demasiado periódicos, hasta caer en el absurdo.
Lo peor es que los responsables de mantener a raya a estos angelitos inspectores no escuchan el clamor de los restauranteros, quienes nos han comentado su desconcierto y molestia.
Cierto es, hasta donde nos han dicho, no hay directamente una solicitud de mordida o cochupo, pero tanto hostigamiento tiene evidentemente una intención, que no es estrictamente cumplir a cabalidad con sus funciones.
Se trata de inspecciones de funcionamiento general de los establecimientos, fundamentalmente en relación con la norma oficial mexicana 251, que establece el manejo adecuado en la preparación de alimentos.
Que en términos estrictos es muy común que se encuentren situaciones que deben remediarse, pero que por lo general son subsanables, sin necesidad de llegar al extremo de sanciones o clausuras.
Nos dicen que se llega a extremos de aplicación que rondan en el abuso de autoridad, mermando la actividad restaurantera con el pretexto de un celo en el ejercicio de la función de inspección que debiera ser atemperada por los responsables.