De Chihuahua, 11 “esclavos” de la amapola
Los reclutaban en colonias de la periferia
Once de los 21 hombres esclavizados y rescatados el pasado 10 de julio en un campo de amapola en Yokivo, municipio de Ocampo, vivían y fueron captados en la ciudad de Chihuahua, en colonias reconocidas por las autoridades por sus altos índices delictivos (homicidios, desapariciones, narcomenudeo), como es el caso de Punta Oriente, Vistas Cerro Grande y La Noria.
Dichas colonias son reconocidas también por la falta
de servicios de salud, alumbrado público, agua y drenaje además de encontrarse por lo menos a 18 kilómetros o más del Centro de la ciudad.
Pero además, de acuerdo con datos aportados por las víctimas, el “engaño” era la manera de operar de los criminales ya que a todos ellos les aseguraban que trabajarían “levantando cercos, como vaqueros, para reforzar represas, levantar potreros o en el desmonte de leña” con sueldos de 250 a 300 pesos diarios, pero a ninguno se le dijo claramente que el objetivo era la siembra y producción de amapola, mucho menos que el lugar estaba enclavado en un punto recóndito de la barranca, que no podrían salir de allí y que laborarían en condiciones infrahumanas.
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, la estancia de las 21 víctimas en los campos amapoleros, oscila entre los 2 meses y los dos años y medio, aunque sólo cuatro de esos hombres tenían reporte oficial de desaparición.
Algunas de las víctimas captadas en Chihuahua son originarios de otros municipios de la entidad e incluso de otros estados del sur del país; sin embargo, estaban asentados en esta capital en las colonias ya mencionadas.
En cuanto a la edad de las víctimas, va desde los 18 hasta los 52 años mientras que el hombre que duró más tiempo retenido en los narco campamentos tiene 39 años de los cuales, 2 años y seis meses los pasó convertido en víctima de los trabajos forzados y sometido a condiciones laborales extremas.
Protegerán a 4 de las víctimas
Cuatro de las 21 víctimas rescatadas en Ocampo cuentan con medidas de seguridad debido a que su integridad física podría estar en riesgo, señaló Éver Daniel Bravo Reza, asesor jurídico de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave).
“Algunos sí están en riesgo porque se tenía datos de ellos; son cuatro personas las que cuentan con medidas de protección por ese motivo”, señaló el funcionario a pregunta expresa respecto a un posible estatus de “testigo protegido”.
Bravo Reza dijo que el 11 de julio se apersonaron en la Fiscalía para detectar las necesidades mediatas e inmediatas de los rescatados encontrando problemas de salud y condiciones nutricionales deplorables.
“Algunos presentaban problemas de salud, algunas cosas no eran de urgencia como heridas leves o heridas que nunca habían sido tratadas. Uno de ellos traía lastimado un ojo y perdió visión por no haberse tratado. Las condiciones nutricionales eran deplorables ya que según refieren sólo comían dos veces al día. Emocionalmente sí estaban afectados, pero no al grado de encontrarse en estado de shock”, indicó el entrevistado y abundó en que, aquellos que se dieron cuenta que la familia había puesto un reporte de ausencia, se pusieron felices al saber que alguien los buscaba.
Luego del rescate, las víctimas llegaron a la Fiscalía Occidente y a partir de allí se atendieron sus necesidades primarias de alimentación, alojamiento e higiene ya que, según refirieron los propios afectados, en los campamentos no se les permitía bañarse nada más que una vez al mes. Al momento, la mayoría de los afectados por la privación ilegal de la libertad se encuentra ya en el círculo familiar en busca de reintegrarse de nuevo a su comunidad; sin embargo, de los plagiarios no se tiene noticia alguna.