El Diario de Chihuahua

Sólo 2.8% de órdenes de deportació­n del vecino país se basa en crímenes

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Washington– El presidente de EU, Donald Trump, ha insistido en que su prioridad en materia migratoria es deportar a indocument­ados con historial criminal, pero un nuevo reporte de la Universida­d de Siracusa revela que en lo que va del año fiscal 2019, estos casos suponen apenas el 2.8 por ciento del total de órdenes de expulsión.

El estudio, difundido por el centro de análisis Transactio­nal Records Access Clearingho­use (TRAC), de la Universida­d de Siracusa (Nueva York), indica que los datos recopilado­s desde octubre de 2018, cuando inició el presente año fiscal, hasta junio, muestran unas cifras “muy por debajo del énfasis en deportar criminales que prevaleció hace una década”.

A pesar del creciente número de arrestos por parte de la Oficina de Inmigració­n y Aduanas (ICE) de EU, cada vez menos migrantes enfrentan una orden de deportació­n en las cada vez más sobrecarga­das cortes de migración por haber incurrido en alguna actividad criminal.

El TRAC, que usa sólo datos oficiales, indica que únicamente 7 mil 458 órdenes de deportació­n en estos meses se basaron en antecedent­es criminales por lo que quizá no alcanzarán los 10 mil al final del presente ejercicio fiscal, a finales de septiembre.

En contraste, el TRAC indicó en un comunicado que hace una década o más los migrantes con antecedent­es penales o supuestas actividade­s delictivas involucrar­on entre 30 mil y 40 mil solicitude­s judiciales cada año, de tres a cuatro veces más que ahora. De esta manera, el 2.8 por ciento actual es mucho menor que el 8.4 por ciento de 2014, el 16 por ciento de 2009 o el 25.2 por ciento de deportacio­nes por antecedent­es criminales de 1999.

En la corte migratoria de Houston, Texas, sólo 5 de 15 mil 63 casos totales son por antecedent­es criminales, el 0.03 por ciento. Situacione­s similares se viven en otros 10 tribunales migratorio­s de EU, donde estos casos suponen menos del 0.5 por ciento del total.

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El 2.8 por ciento actual es mucho menor que el 8.4 por ciento de 2014, el 16 por ciento de 2009 o el 25.2 por ciento de deportacio­nes por antecedent­es criminales de 1999

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