Tendrá TEJA 30 mdp para gastar en 4 meses
El Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA) comenzará operaciones en el mes de septiembre y tendrá un presupuesto de 30 millones de pesos para gastar en los últimos 4 meses del año.
Éste fue creado como un organismo autónomo para dirimir controversias entre la administración pública estatal y municipal con particulares, aunque de partidos de oposición han cuestionado esa autonomía, ya que 2 de los 3 magistrados electos por el Congreso del Estado tienen relación directa con el gobierno actual y con el PAN.
Su primer presidente fue electo el pasado 17 de julio. Se trata de Gregorio Daniel Morales Luévano, es un exfuncionario del Gobierno de Javier Corral y estará al frente del tribunal hasta el 16 de junio del 2022, es decir, un año después de que concluya la administración actual.
Junto a él estará como magistrada Mayra Arroniz, exdirectora jurídica y asesora del Partido Acción Nacional (PAN), tanto en la dirigencia como en grupo parlamentario en el Congreso local, y exrepresentante jurídica de ese partido ante organismos electorales.
También estará Alejandro Tavares, exsecretario de sala adscrito a la Tercera Sala Familiar y de Control Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien ha ocupado cargos administrativos y jurídicos en Fovissste, Pemex, y despachos privados como Alvarado, Basauri y Tavares, del que es socio fundador y director general.
El presupuesto establecido para que opere será de 30 millones de pesos, y comenzarán funciones en septiembre, es decir 3 meses después de que el 1 de junio pasado se hizo efectiva la designación de sus integrantes. Así lo marca el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica que rige ese tribunal.
El recurso quedó definido en el artículo cuarto transitorio del Presupuesto de Egresos 2019 para el estado de Chihuahua, en el que se define que los 30 millones de pesos se destinarán a la instalación y funcionamiento inicial del tribunal. Para ello se le indica a la Secretaría de Hacienda que debe tomar las medidas presupuestales necesarias de los fondos, “que en su caso, resulten de las economías derivadas de reestructuras financieras autorizadas”.
De tres magistrados que lo presiden, dos son panistas