Han sentenciado sólo a dos por "halconeo"
En 2013 en el estado de Chihuahua se creó el artículo 284 bis en el Código Penal, con la finalidad de sancionar el llamado “halconeo”. Desde entonces y a la fecha se han iniciado 35 carpetas de investigación, pero solo 2 han llegado a sentencias; la mayoría se registró en Cuauhtémoc.
Se trata de un delito que ha generado polémica porque, a decir de organizaciones y CEDH, resulta violatorio a la libertad de expresión, ya que con ese podría sancionarse a periodistas durante coberturas, y por lo cual han pedido su derogación.
En esa norma, se castiga hasta con 5 años de cárcel a quien “aceche, vigile o realice actos tendientes a obtener información, tal como la ubicación, actividades, operativos o, en general” de instituciones de seguridad y cuya información pueda usarse por terceros para cometer un delito.
Según los datos establecidos en la solicitud de información vía plataforma de transparencia, con folio 078242019, la Fiscalía General del Estado tiene 35 casos desde el 2014 a la fecha. En ese año se tuvieron 7, luego 8 para el 2015 y se elevó a 11 en el 2016; hubo 2 durante el 2017, 4 el año pasado y van 3 en el primer semestre del 2019.
De ese total de números, sólo hay 2 sentencias y 11 se mantienen en investigación, mientras que el resto se han quedado en archivo temporal, declinación, prescripción, inexistencia del delito, no investigación, o alguna suspensión.
El 284 bis quedó encuadrado en el año 2013 a petición de diputados del PRI y de Nueva Alianza, quienes aseguraron que ese tipo de conductas, que podrían cometer académicos, reporteros u otros, que recaben información para su trabajo, no entra como delito, “en razón de que su intención no es colaborar con una actividad criminal, sino desarrollar sus funciones amparadas legalmente”.
Sin embargo, aunque en el espíritu de la modificación legal se argumentó que no va contra periodistas y se dirigía para los llamados “halcones”, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos si podría afectar la labor, según Saúl Alonso Castañeda Domínguez. Maestro en derechos humanos y parte del área de capacitación de la comisión, quien hizo una ponencia al respecto a principios de junio.