La Ley Bonilla
Ciudad de México.- En lo oscuro, en una sesión a puerta cerrada dentro de una sede alterna en el Palacio Municipal de Rosarito, con una orden del día que no incluyó el tema fundamental que se votaría, el Congreso de Baja California declaró este 24 de julio la procedencia de la Ley Bonilla, la reforma que amplía el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Pocas reformas han generado un rechazo tan generalizado. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo por unanimidad -sí, incluyendo a los legisladores de Morena y del PT- para exhortar al Congreso de Baja California a dejar sin efecto la reforma. La secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte en retiro, Olga Sánchez Cordero, comentó que “por supuesto que es una reforma inconstitucional”, pero añadió que sería “absolutamente respetuosa del Congreso local” y de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte. El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar [el] orden republicano y democrático. Ofende (la) inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad”. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sugirió incluso que el Congreso de la Unión podría decretar la desaparición de poderes en el estado.
El presidente López Obrador se ha levantado de hombros. “Lo único que quisiera -declaró ayer en la mañanera- es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, No tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”. Otro presidente habría dicho: “Y yo ¿por qué?”
Si la decisión de ampliar el mandato no la tomó el presidente, resulta claro que tampoco ha impulsado ninguna medida para detener a Bonilla, quien le debe todo su ascenso político y todo su poder. Si en algún tema el presidente no
tendría por qué estar de florero es este.
La Ley Bonilla fue aprobada el 9 de julio por 21 votos a favor y uno nulo en una legislatura de 25 diputados. Votaron por la iniciativa 10 diputados del PAN y cinco del PRI, además de los tres de Morena y otros tres más. Esta conducta atípica ha generado suspicacias y acusaciones de corrupción a los legisladores, las cuales, sin embargo, no han sido comprobadas.
El gobernador saliente, el panista Francisco Vega, ha declarado que no firmará la reforma, pero el Congreso local, que a partir del 1 de agosto estará controlado por Morena, tiene facultades para promulgarla. Habrá varias controversias constitucionales, por lo que el asunto terminará en la mesa de la Suprema Corte.
No sé si los ministros coincidirán con Sánchez Cordero, quien no titubeó al calificar a la Ley Bonilla de inconstitucional, pero es indudable que los bajacalifornianos votaron el 1o. de julio para un gobernador que ejerciera el cargo durante dos años, sólo para que después los diputados locales modificaran la ley para beneficiar al ganador.
Si el gobernador electo insiste en mantener esta ley podrá gozar de tres años más de gobierno, pero a un costo muy alto. Será un gobernante muy poderoso, sobre todo por el respaldo que ha recibido del presidente López Obrador, pero dividirá a la sociedad bajacaliforniana en lugar de unirla como debería hacer.
Sin rebote
“Estancamiento sin rebote a la vista”, advierte Citi, que calcula que la economía mexicana tuvo una contracción de 0.1 por ciento en el segundo trimestre de 2019 (de confirmarse, estaríamos en recesión técnica). Para todo 2019 prevé un crecimiento de sólo 0.2, frente a 0.9 de la previsión anterior. ¿Alguien tendrá otros datos o habrá simplemente que exigir una disculpa a Citi?
“Cuando el gobierno comienza a contravenir las leyes, sobrevienen las revoluciones”. Alfonso Reyes