IMPROVISAN CÁRCEL PARA MIGRANTES
Los mantienen hacinados en cuartel en Jiménez/
La casa principal de una hacienda abandonada por años en la ciudad de Jiménez, fue convertida en una “cárcel” improvisada para migrantes que esperan su deportación tras ser detenidos por el Instituto Nacional de Migración, como consecuencia de la “política antimigratoria” del gobierno federal ante un número de detenciones que superó la capacidad del propio instituto, consideró Jorge Cobos, representante de la asociación Uno de Siete Migrando.
Niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores, por igual son hacinados en el reducido espacio cuyo perímetro fue reforzado con rejas, barrotes y alambres de púas, mientras que las personas son custodiadas por elementos castrenses y de la Guardia Nacional e incluso, hasta 10 elementos viales de la Comisión Estatal de Seguridad que coadyuvan en las operaciones de “resguardo”. En este sitio los viajeros permanecen por más de tres días hasta que se acumulan los suficientes para llenar un camión que los trasladará hasta Acayucan, Veracruz.
Los migrantes para cuya edad no hay ninguna distinción, llegan desde las distintas partes del estado en las camionetas del INM y tras ellas soldados armados escoltan a las unidades para luego llevarlos a estos centros, donde según ha constatado la asociación promigrante, no se cuenta ni siquiera con regaderas, mientras que los baños son al menos tres portátiles y se trata de “un cuarto” grande en el que permanecen día y noche sin posibilidad de salir.
“Es una política carcelaría, porque de hecho el nuevo delegado del INM (Francisco Garduño) a su vez es el encargado de centros penitenciarios a nivel nacional, entonces es muy clara la línea que trae el gobierno federal de criminalizar y detener, aunque ellos le llamen resguardar. Incluso sobrepasan los límites constitucionales de una detención administrativa en cuanto a tiempos y condiciones”, apuntó.
Cobos señaló que estos centros que se anuncian como “albergues migrantes” en sus propias instalaciones, -y de los cuales se presume hay más en distintos municipios del estado-, son una respuesta burda a la cantidad de detenciones pues los espacios con los que INM, sobre todo en las fronteras, se encuentran rebasados en capacidad debido a lo que calificó como una política federal que criminaliza la migración. Sobre este punto el Instituto Nacional de Migración ha transparentado en su página oficial el número de detenciones hasta mayo, a pesar de que fue en junio cuando entró en vigor la nueva política migratoria por la presión del gobierno de Estados Unidos. No obstante, ya en los primeros cinco meses de este 2019 se contabilizaron 51 mil 969 deportaciones, lo que representa 21 mil 065 casos más que en el mismo periodo del 2017, que tuvo un total
Niños y adolescentes permanecen con sus padres detenidos hasta tres días, mientras esperan su deportación
de 30 mil 904.
Asimismo, a los migrantes no se les ha informado, dentro de estos centros de detención, su derecho a realizar solicitudes de refugio a México, así como derechos de protección internacional en estos espacios no se les ofrece ningún tipo de asesoría legal o de algún otro tipo pues el objetivo es deportarlos de manera inmediata.
Actualmente la Asociación Uno de Siete Migrando trabaja para interponer amparos, con la finalidad de que sea un juez quien determine si los lugares son aptos o no para que la gente permanezca hacinada en ellos en base a estándares internacionales.