‘Ley Antifamilia’ y el botón de muestra al 2021

Lo que vivimos esta semana con el recrudecimiento de posturas consideradas como conservadoras y liberales, confrontadas por la legislación estatal en el tema de familia, no puede disociarse de su contenido político electoral.

Fue este debate escenario donde los principales actores tomaron bando y marcaron distancia, con una lógica de abanderar causas, en unos casos con una profunda convicción ideológica, y en otros más con perspectiva futurista y pragmática.

María Eugenia Campos, Armando Cabada y Alfredo Lozoya, establecieron sus particulares puntos de vista como cabezas de los cabildos de Chihuahua, Juárez y Parral, y con su natural aspiración a la gubernatura.

Fueron protagonistas necesarios en este entramado, con especial énfasis Chihuahua y Juárez: el primero porque le puso el cascabel al gato y encendió la mecha, y el segundo, por ponerle el clavo al ataúd de la llamada “Ley Antifamilia”.

Lozoya mantuvo el voto a favor de la reforma constitucional, pero entregó sendos documentos al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pidiendo una mayor deliberación del punto.

Quedó atrapado, inocente, criticando el trasfondo de juego político, del cual se olvida que ineludiblemente es parte y jugador activo y prolífico.

Es cierto que se trata de un asunto que requiere un abordaje y tratamiento con pinzas. Es imperdonable que haya sido descuidado por los operadores de quien lidera los poderes públicos en el Estado. Pero no podía ocurrir menos. El gobernador se bronceaba esos días en las playas mazatlecas, de donde fue y vino a placer, con cargo a las aeronaves oficiales, mientras en Chihuahua, Juárez y el resto del Estado, hervían los cabildos.

Irónico que sea precisamente en la entidad el partido en el poder, el PAN, quien sufra con estos menesteres, cuando tiene en sus documentos doctrinales una línea muy clara y que no se debería prestar a malos entendidos, pero que en los hechos sigue ofreciendo posturas encontradas.

La historia con respecto a este asunto empieza el lejano 6 de septiembre del 2018, con una iniciativa presentada por la diputada panista Blanca Gámez, respaldada por el grupo parlamentario de su partido.

Dicho proyecto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos, y fue en ese momento cuando más mano se le metió al documento original.

Las fracciones parlamentarias participaron en la construcción de una propuesta que incluyera la mayor cantidad de derechos humanos, entre los que se encuentra el denominado concepto de libre desarrollo de la personalidad.

Es el artículo tercero, fracción V, que señala: “autodeterminación: toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”.

El tópico no llamó la atención el 30 de mayo cuando fue sometido a votación junto con 13 dictámenes más de reformas legales y constitucionales.

El problema político vino después, precisamente desde los grupos profamilia, dentro y fuera del PAN.

Sostienen que es la llave que abre la puerta al aborto, ideología de género, adopción por parejas del mismo sexo, entre otros.

Más aún, cuando ese concepto no aparece en la Constitución General de la República como se quiso hacer ver en la iniciativa y en el decreto de autorización.

La bomba explotó cuando ya varios ayuntamientos habían votado a favor de la reforma, entre ellos el de Chihuahua, el pasado 26 de junio.

Todo mundo se cuestionaba cómo es que un asunto de tal importancia desde el punto de vista ideológico del PAN, había sido autorizado, primero en el Congreso con mayoría panista y después en cabildos, con mayoría azul.

El 23 de julio pasado el Cabildo de Chihuahua, en sesión extraordinaria convocada específicamente para tal efecto, decidió revertir el voto emitido tres semanas antes.

Por unanimidad revocó la autorización para la reforma constitucional y con ello, provocó una cascada de resoluciones similares en los ayuntamientos.

Maru Campos, la alcaldesa capitalina, fue enfática, al presentar la propuesta ante el cuerpo colegiado. La reforma ponía en peligro los principios básicos de protección a la familia y se prestaba a confusiones jurídicas por su indeterminación.

La alcaldesa asumió un rol de liderazgo con toque ideológico, que resonó dentro y fuera de la entidad, con todo y resbalón inicial de sus operadores mientras ella atendía un asunto familiar en Nuevo México.

Fue un oasis para los grupos conservadores que siempre han sido aliados del PAN, por la congruencia ideológica del posicionamiento en el partido de Manuel Gómez Morín, y que ahora se sentían traicionados.

La lectura en dicha resolución de Cabildo provocó fisuras en el Gobierno del Estado y por supuesto en el Congreso.

Hubo operación política para convencer de que todo se trataba de un mal entendido, y que el libre desarrollo de la personalidad era una simple armonización legislativa.

Fue un fracaso la operación en tal sentido por parte de Rocío Reza, la dirigente estatal del PAN, y del coordinador de la fracción parlamentaria, Fernando Álvarez Monje. Recibieron fuertes amonestaciones privadas de su jefe el gobernador Corral.

A pesar del control de daños mediático posterior a los acontecimientos de las últimas dos semanas, no han podido levantar el vuelo. Blanca Gámez ha querido desligarse del asunto, pero entre más se mueve, más se hunde.

Entre la espada y la pared por su pensamiento feminista liberal que choca frontalmente con la doctrina panista.

Menos aún con la posición adoptada desde Juárez, ayuntamiento clave por el peso de su voto para la reforma constitucional.

Ninguna adecuación de este nivel puede pasar sin el voto del Cabildo juarense, que en una posición menos ideológica que la de la capital, y más en el captar el sentir de la sociedad, asumió un papel protagónico que sepultó por el momento la iniciativa irónicamente panista.

Parral, que no tenía gran significado por el porcentaje que representa en cuanto a población y su peso en una reforma constitucional, tampoco se quedó atrás en el asunto.

Alfredo Lozoya, el alcalde parralense, mantuvo el voto a favor del libre desarrollo de la personalidad, más allá del origen corralista de la propuesta o algún propósito protector a Palacio, y en un intento por distinguirse de Maru y Armando, promovió un mayor debate en el tema, incorporando criterios nacionales e internacionales.

No leyó Lozoya el clamor de la sociedad mayoritariamente conservadora y jugó políticamente a través del secretario del Ayuntamiento, con agenda de medios en la capital, para tratar de no quedar fuera pero ya le habían ganado el mandado.

Como se lee, es un asunto de trasfondo delicado, porque revive el choque entre dos concepciones ideológicas, sin posible arreglo alguno.

Y tiene una lectura necesariamente política, inacabada además, que puede dar material próximo, porque hay insistencia en sacar adelante la reforma pero ahora con una ciudadanía alertada al máximo y a punto de darle mayor peso a su voz, con el voto 2021.

En este contexto, no puede obviarse que los tres alcaldes involucrados han marcado su intención de buscar la gubernatura sin tapujo alguno.

Dos de ellos son naturales aspirantes por la importancia electoral de los ayuntamientos de Chihuahua y Juárez, con el agregado de la reelección, que es un voto de confianza de la población.

Su fuerza es innegable. Sin detenernos en el contenido, han parado de tajo una reforma constitucional, de lo cual no existe antecedente cercano.

Esas reformas son de cajón, salen del Congreso y en automático son autorizadas por los ayuntamientos, y promulgadas por el titular del Ejecutivo.

Los ayuntamientos, el órgano administrativo más socavado en recursos y fuerza, da una lección histórica.

Insistimos, no puede dejar de verse con anteojos futuristas de la elección del próximo gobernador.

Han marcado muy bien su raya con algo más que tiza.