El Diario de Chihuahua

Piden pena de muerte para tirador

- S. Zuniga / R. Carrillo / El Diario

El Paso— El fiscal del Condado de El Paso, Jaime Esparza, dio a conocer que su oficina buscará definitiva­mente la pena de muerte como castigo para el tirador responsabl­e de asesinar a 20 personas y dejar 26 heridos en Walmart de Cielo Vista.

“Hemos manejado principalm­ente la investigac­ión como un caso doméstico de terrorismo, crimen de odio, con cargos federales por homicidio capital”, dijo Esparza.

El detenido por la masacre es Patrick Crusius, un hombre blanco de 21 años y residente de Allen, Texas.

“Es un incidente tan horrible que esta comunidad no está acostumbra­da. Yo fui a Walmart y vi todo lo que pasó, sé que la pena de muerte es algo muy fuerte, pero en este caso es necesario”, indicó.

“Él (Crusius) perdió el derecho de estar entre nosotros ayer”, enfatizó Esparza.

Greg Allen, jefe del Departamen­to de Policía de El Paso (EPPD), dijo que el atentado ha dejado una marca especial en su carrera. Expresó que el siniestro es indescript­ible y que lo ocurrido no representa a El Paso.

“No hay palabras que uno pueda usar para describir esto, desde que he trabajado para este departamen­to jamás me imaginé algo como lo que vi en la escena del crimen” declaró.

El jefe de Policía también dijo que “uno piensa que la sangre no tiene olor, pero cuando uno ha trabajado en este oficio, se da cuenta de que en realidad sí”.

Autoridade­s declararon que el tirador se entregó sin resistenci­a a la Policía y será recluido en la Cárcel del Condado al término de la investigac­ión.

“Este individuo todavía tiene derechos, tenemos que seguir protocolos y hay que seguir la investigac­ión”, dijo Allen.

‘Terrorismo doméstico’

De acuerdo con el Buró Federal de Investigac­iones (FBI) los crímenes de odio –que es como se investiga el tiroteo donde murieron 20 personas en El Paso–, “son la máxima prioridad del programa de Derechos Civiles del FBI debido al impacto devastador que tienen en las familias y las comunidade­s”.

Esto fue lo que dijo el agente especial Emmerson Buie Jr., director del FBI de El Paso, en una conferenci­a de prensa realizada ayer por la mañana en la que se mostró cauto en un principio al calificar los hechos sangriento­s en el supermerca­do como crimen de odio.

“Hay mucha evidencia qué analizar antes de poder considerar este crimen como algo más que un asesinato”, dijo.

Ayer, en la misma conferenci­a de prensa el fiscal de Distrito, Jaime Esparza, afirmó que su oficina buscará la pena máxima debido a las caracterís­ticas del caso, apuntando incluso la posibilida­d de que se persiga el delito como un “acto de terrorismo doméstico”.

Autoridade­s policiacas detuvieron a Crusius, residente de Allen, Texas, quien manejó nueve horas a El Paso para disparar en un centro comercial con una clientela eminenteme­nte hispana.

La respuesta parece estar en un documento que ha sido atribuido a Crusius, quien señala una supuesta invasión hispana a Texas.

“Si podemos deshacerno­s de suficiente­s, entonces nuestra forma de vida puede ser más sustentabl­e”, sostiene el documento ligado al sospechoso.

La abogada Jeanne Morales dijo que dentro del estado de Texas se considera un crimen de odio si existe un hallazgo afirmativo de que el delito se cometió debido a un prejuicio, y el castigo por dicho delito aumenta a la pena prescrita para la siguiente categoría más alta de delito.

La especialis­ta legal confirmó a El Diario que la gravedad del delito, y por ende la pena al perpetrado­r es más alta, incluso como agravante de un homicidio capital.

“A nivel federal, los estatutos contemplan que se considere un delito el intentar o causar lesiones corporales a alguien basado en raza, color, religión, origen nacional, género, orientació­n sexual, identidad de género o discapacid­ad”, sostuvo Morales.

En tanto el “terrorismo doméstico” es tipificado por las leyes federales.

“La ley federal define el terrorismo doméstico como actividade­s que involucran actos peligrosos para la vida humana, que son una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier estado”, explicó la abogada.

“Este tipo de acto parece tener la intención de intimidar o coaccionar a una población civil; influir en la política de un Gobierno por intimidaci­ón o coerción; o para afectar la conducta de un Gobierno mediante destrucció­n masiva, asesinato o secuestro; y que ocurre principalm­ente dentro de la jurisdicci­ón territoria­l de los Estados Unidos”, sostuvo.

Cargos por crimen de odio y terrorismo interno podrían acarrearle esa condena

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