Trabajó por la salud y ahora se la niegan
A pesar de haber trabajado durante años por la salud de los demás, el doctor Luis Javier García, ex director del Instituto Chihuahuense de la Salud, hoy enfrenta dificultades para el acceso a ella, ya que requiere una cirugía de corazón abierto cuyo costo rebasa el millón de pesos.
Tras haberlo despedido de manera injustificada, la Secretaría de Salud autorizó de manera “exprés”, el pasado 2 de agosto, la atención médica como “beneficiario” de trabajador al ex funcionario y lo publicó en redes sociales violentando los derechos humanos y la privacidad de la familia del galeno, quien permanece internado en un hospital particular en espera de una cirugía de corazón abierto.
Pero además, la autorización “parcial y de última hora” para García, quien forma parte del grupo de más de 50 médicos despedidos en la administración de Javier Corral, condiciona al paciente a operarse en el Hospital Central donde, de acuerdo con los médicos tratantes, el riesgo para su salud y su vida se eleva exponencialmente ya que dicha institución no solo carece de material y equipo, sino que tiene un grave problema de infecciones nosocomiales.
“Hacer la cirugía en el hospital central es un riesgo para su vida. Se requiere de una bomba y un balón de contra pulsación; la bomba quizá se tenga pero el balón no. Además, la unidad de terapia intensiva se encuentra en una sala “habilitada” y no es el espacio idóneo para la recuperación de un procedimiento quirúrgico como este. En el hospital Central, en varias ocasiones se han suspendido las cirugías por falta de equipo y porque la mortalidad es muy alta debido a las infecciones”, señalaron miembros de la comunidad médica.
Amigos y familiares de García señalaron que la intención de la autorización “exprés” del servicio médico y la publicación de esta en medios digitales busca bloquear también la colecta de recursos económicos que compañeros del gremio han iniciado con el objetivo de recaudar parte del monto requerido para la intervención que asciende a más de un millón de pesos.
Entrevistado en la habitación del hospital donde permanece, García dijo a El Diario que enfrenta sentimientos contradictorios ya que, por un lado encuentra el apoyo incondicional de médicos, enfermeras, estudiantes y hasta pacientes y por otro, la insensibilidad de un gobierno al que no le importan las personas que han prestado servicio a sus instituciones.
“Trabajé durante años en el ICHISAL tratando de elevar la calidad, calidez y seguridad del servicio en los hospitales, y de pronto de la nada me despidieron junto con otros compañeros, dejándonos no solo sin trabajo sino sin la posibilidad de tener esa atención médica que buscaba para los demás”, dijo y recordó que en septiembre de 2011, se presentó el Manual Operativo de Procedimientos para la Evaluación de Hospitales con el fin de unificar y elevar dichos indicadores, mismos que ahora son letra muerta.
Resulta paradójico, agregó, que tras buscar que las instituciones médicas cumplieran con los requisitos de los organismos reguladores y fuesen espacios seguros para los pacientes, ahora no tenga derecho a la salud.
A pesar de todo, aseguró sentirse confiado en que el tratamiento médico quirúrgico que requiere de manera urgente llegue a buen término gracias al apoyo de la gente que le rodea y que le ha brindado ayuda incondicional.
“Buscaremos que el ICHISAL subrogue la cirugía pero eso no es seguro y aunque así lo hiciera, eso no significa que se cubra el costo total de esta, solo es un porcentaje”, puntualizó.
De igual manera, pidió a la gente que no se deje engañar ya que a raíz de la colecta de recursos que los compañeros iniciaron, otros generaron una cuenta falsa y otros más se encargan de difundir que ya tiene el servicio médico completo cuando eso no es verdad.
Durante 2017 y 2018, Luis Javier García –ex presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua- denunció el despido de 56 galenos de Ichisal y Pensiones Civiles del Estado a partir de la llegada de Ernesto Ávila a la Secretaría de Salud al inicio de la administración corralista. En su momento detalló que algunos de los despedidos fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión y amenazas y otro grupo decidió interponer demandas debido a la medida que consideraron injustificada. El argumento utilizado para el despido fue que “la pasada administración no dejó dinero para pagarles”.
Requiere una cirugía a corazón abierto que cuesta alrededor de 1.5 mdp