Critican opacidad en las decisiones de la Judicatura
Presidente anuncia cambios para transparentar acuerdos
El Consejo de la Judicatura sesiona por ley de manera privada y sólo da a conocer aquellos acuerdos que consideren de interés público mediante el Periódico Oficial del Estado, sin tener una plataforma digital para hacerlo, lo cual fue criticado por el abogado Gerardo Cortinas Murra.
Esto es algo discrecional y actualmente no se tienen transparentadas las decisiones tomadas, expuso, como es el caso de designación de 39 jueces provisionales de los 221 que operan a nivel estatal en el sistema judicial.
Cortinas Murra indicó que la ley en materia de transparencia obliga a ese tipo de autoridades a publicar sus acuerdos, pero el portal de la Judicatura no tiene ninguno de ellos a 2 años de su instalación.
En éste sentido, el presidente del Consejo, magistrado Pablo Héctor González, aseguró que se trabaja en un esquema para “aumentar la publicidad” en las resoluciones que toma ese organismo del Poder Judicial del Estado.
Sin embargo hoy en día el portal del Tribunal Superior de Justicia que conduce a la Judicatura no muestra ninguna de las actas de acuerdos firmados por los consejeros. Tanto en el apartado general de ese ente como en “Acuerdos del Pleno del CJ”, aparece una leyenda que cita “Recurso en mantenimiento, favor de regresar a la página más tarde”.
Ese aviso se encuentra desde el año 2017 que se instaló el consejo. Éste es encabezado por el magistrado Pablo Héctor González, y conformado por los también magistrados Gabriel Armando Ruiz Gámez y Roberto Siqueiros Granados, así como por los licenciados Joaquín Sotelo Mesta y Luz Estela Castro Rodríguez; el primero designado por el Congreso del Estado y la segunda por el gobernador Javier Corral.
Una de las polémicas recientes de ese organismo fue el concurso de selección de 56 jueces durante el año pasado, un proceso que podría reponerse debido a 2 amparos que están en curso y es investigado de manera formal por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a denuncia del consejero Sotelo, por considerar irregularidades en la designación de esos encargos.