Ilegal, imposición de jueces provisionales
El proceso de selección de la Judicatura fue un fiasco: abogado
Los jueces que ganaron plazas en el polémico concurso celebrado el año pasado por el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), siguen sin poder ocuparlas por los amparos de 11 afectados, así que han sido designados de forma provisional en otros juzgados, pese a que es ilegal desde el año 2014 que existan juzgadores provisionales, aseguró el abogado José Carlos Medina Armendáriz.
El litigante, quien representa a 9 de los 11 jueces que buscan el amparo ante su remoción, dijo que el CJE continúa con la práctica de nombrar provisionales de forma discrecional, cuando era lo que pretendía erradicar al convocar a concurso para designar 56 jueces penales, familiares, civiles y mixtos de forma definitiva.
Consideró que los juicios de amparo ganados ya por 3 jueces que el CJE pretendió remover sus cargos, han dejado en claro que el proceso de selección de los nuevos fue un fiasco.
El fiasco fue porque se violaron garantías de los que estaban de provisionales anteriormente y para colmo se siguen nombrando otros provisionales discrecionalmente. “Sólo cambiamos de bruja, pero seguimos con el mismo cuento”, dijo Medina Armendáriz del despacho MED Abogados, firma que ha tomado la mayoría de los casos de amparo de los jueces que ocupaban plazas de forma provisional y fueron “removidos” para dar paso a los jueces designados mediante el concurso de oposición del año pasado.
Los jueces que demandaron el amparo, explicó, se mantienen en funciones porque lograron la suspensión por parte de juzgados de distrito, aunque en teoría fueron retirados de sus cargos. A la vez, los jueces que ganaron el concurso y la plaza de éstos, al tener en contra la protección federal, no han podido ocupar las plazas y tienen también nombramientos “provisionales” que ya no deben existir.
Medina Armendáriz informó que su despacho lleva alrededor de 20 amparos de 9 jueces afectados con las decisiones del Consejo de la Judicatura, tanto de Juárez como de Chihuahua y del sur del estado.
Con esos recursos, se ataca por un lado la remoción ordenada contra los jueces en lo particular, debido a que ya tenían más de 3 años en sus cargos “provisionales”, lo que atenta contra la independencia judicial; y por otro lado se ataca todo el proceso de selección de nuevos jueces realizado el año pasado por el CJE, debido a que no cumplió con los principios que debieron regirlo.
El litigante señaló que existen criterios nacionales e internacionales, además de las normas locales, que impiden los nombramientos provisionales sin un límite de tiempo establecido desde la designación. Es decir que pueden designarse jueces interinos o temporales
por un lapso determinado, pero no provisionales por lapsos indeterminados.
Al tener los amparados tres o más años en el ejercicio de sus cargos como jueces, debió aplicar la ratificación tácita, en vez de su remoción para someterlos a un concurso de oposición en el que no hubo criterios ni parámetros judiciales válidos para seleccionar a los que finalmente fueron nombrados.
Entonces por un lado, consideró, se violaron derechos de los jueces “provisionales” que ya estaban en funciones y por otro se realizó un concurso que no valoró adecuadamente a todos los participantes.
Los jueces amparados, además, tenían mayores méritos en la carrera judicial, conocimientos, experiencia e incluso habían sido sometidos a otra especie de concurso, equiparable al que se realizó en 2018, para llegar a sus cargos, todo lo cual fue dejado de lado en la evaluación.
Consejo de la Judicatura hace lo que pretendió erradicar
El abogado José Carlos Medina señaló que el Consejo de la Judicatura buscó erradicar la práctica de los nombramientos de jueces provisionales, con el concurso del año pasado en el que asignó 56 plazas de juzgados estatales.
Pero ni concursó todas las plazas vacantes, ni acabó con la práctica de las designaciones provisionales que, insistió, desde el año 2014 debió eliminarse por completo, pues las leyes se reformaron con el fin de que no hubieran estos nombramientos que, al no ser definitivos, hacen dependientes a los jueces de un control político, en este caso del CJE.
“Supuestamente se buscaba que no hubiera jueces a modo del poder en turno, pero la práctica se repite”, dijo Medina Armendáriz, quien señaló que desde 2017 a la fecha se han hecho 108 nombramientos de jueces provisionales y en la actualidad son 39 los que existen con este carácter, lo que resulta totalmente irregular.
Este proceso que concluyó en las designaciones de nuevos jueces, algunos de los cuales no han podido ocupar sus plazas por estar ocupadas por los jueces que han demandado el amparo, sólo ha llevado a nombramientos provisionales irregulares, pero además a una confrontación de compañeros en el Poder Judicial del Estado, pues los designados mediante el concurso pasado ahora también son parte de los litigios en los tribunales federales.
Pero en vista de que el CJE no acepta que el concurso celebrado fue irregular y vulneró los derechos de jueces que debieron ser participantes obligados en el mismo, los casos podrían irse hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Y los más afectados no son los designados o los amparados, sino los justiciables, los ciudadanos que deben soportar un aparato de justicia deficiente”, dijo finalmente.