La ‘sociedad civil’
Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos de izquierda; con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo”. Andrés Manuel
López Obrador
Ciudad de México.- Nunca me ha gustado la designación de “sociedad civil”. No se sabe si se contrasta con una “sociedad militar” o con la “sociedad incivil”. Bastaría usar el término “organizaciones de la sociedad” para distinguir a estas de las gubernamentales. Pero independientemente del nombre, muchas de estas organizaciones sí funcionan y funcionan requetebién. No sé si son conservadoras o de izquierda, fifís o chairas, y no creo que a nadie le importe, pero sí han demostrado su utilidad pública. La imputación de la Fiscalía General de la República contra Rosario Robles procede originalmente de una investigación periodística llamada “La Estafa Maestra” realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, la cual fue publicada el 4 de septiembre de 2017. El 18 de septiembre de 2018, con el apoyo de Tojil, otra asociación civil, MCCI presentó una denuncia formal contra funcionarios de Sedesol y Sedatu por el presunto desvío de recursos.
Lo curioso es que la información estaba disponible desde mucho antes. La Auditoría Superior de la Federación documentó en sus informes sobre las cuentas públicas de 2013 y 2014 centenares de contratos de instituciones gubernamentales con universidades públicas; estas a su vez subcontrataban a empresas privadas, muchas de ellas fantasma, que desviaban los recursos o los desaparecían. Ni la Secretaría de la Función Pública ni ninguna otra autoridad hizo nada hasta que MCCI y los medios tomaron el tema.
A Rosario Robles se le imputa haber sido “omisa” en la supervisión de estos recursos ya que no firmó los contratos. Ella afirma, por otra parte, que no podía vigilar la forma en que los recursos eran subcontratados por las universidades públicas y dispersados. En opinión del ex auditor Juan Manuel Portal, sin embargo, “no es posible que se desviaran 7 mil 600 millones de pesos y ella no estuviera enterada”.
Es muy importante saber, por supuesto, si el presidente Enrique Peña Nieto fue informado de las observaciones de la ASF. Todo parece indicar que sí. Robles ha señalado que lo hizo de manera verbal a través de la red telefónica del gobierno y en reuniones de gabinete. También Portal ha afirmado que personalmente informó al mandatario. No hay indicios de que se le hayan dado informes por escrito, pero las observaciones eran públicas, puesto que se encontraban en los informes sobre la cuenta pública. Más importante es saber si el presidente Peña Nieto ordenó previamente estas operaciones o si fueron maquinadas por Robles o por su oficial mayor, Emilio Zebadúa.
La llamada “estafa maestra” fue posible gracias a una interpretación del artículo primero de la Ley de Adquisiciones que permite obviar la obligación del artículo 134 de la Constitución para que las compras del gobierno se hagan por licitación pública. Ese artículo primero señala que los contratos entre dependencias gubernamentales no requieren de licitación. Las universidades públicas resultaban así el instrumento ideal para darle la vuelta a la Constitución.
El exauditor Portal me dice que esta es una “interpretación indebida” de la ley, pero hasta el momento ha sido el camino legal para este tipo de desviaciones.
Una medida lógica sería eliminar esta excepción y obligar siempre a las licitaciones públicas. Pero quizá haya que esperar a que lo proponga alguna organización fifí. Nadie en el gobierno lo ha sugerido.
Joyita
La vinculación a proceso de Rosario Robles tiene sentido jurídico, pero su prisión preventiva no. ¿Tenía el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna razones para una venganza? Es sobrino de Dolores Padierna, quien culpa a Rosario del encarcelamiento de su esposo, René Bejarano.