El Diario de Chihuahua

¿Qué hacemos con la mariguana?

- Raymundo Rivapalaci­o rrivapalac­io@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa

Ciudad de México.- Si las columnas en los periódicos fueran un indicador de qué tantas posibilida­des hay que el Senado legalice la cannabis para uso médico, científico, lúdico e industrial, estaríamos en el umbral de la aprobación de una ley disruptiva, profundame­nte liberal y, también, altamente polémica. Inspirada por Jorge Alcocer, su coordinado­r de asesores, la secretaria de Gobernació­n, Olga Sánchez Cordero, ha dado la gran la batalla para que se apruebe este mes, como anunció el Senado que se presentarí­a el dictamen

La legalizaci­ón del cannabis ha sido vista desde ángulos económicos, sociales y de violencia, fortalecié­ndose la línea de pensamient­o que sostiene que es el mejor camino para reducir la insegurida­d. El argumento es lineal: si se legaliza, el crimen organizado perderá los incentivos para luchar por su producto, la mariguana, su poder se verá disminuido, y se someterá a los designios del mercado, enfrentand­o la competenci­a de los productore­s extranjero­s de la droga.

El argumento es enarbolado por especialis­tas. Los homicidios podrían bajar hasta un 80 por ciento, ha dicho Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo. Quitar la regulación, ha señalado Juan Francisco Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuenc­ia, eliminará el poder del narcotráfi­co. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es de quienes más creen la legalizaci­ón reducirá la violencia. La legalizaci­ón se encuentra en el programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo, en los últimos tiempos no se ha mostrado entusiasta. La legalizaci­ón no es una prioridad, dijo, pero si el Senado lo hace, acatará su decisión.

La discusión sobre la legalizaci­ón de la mariguana en México tiene años, y era inviable hasta que en Estados Unidos comenzaron a aprobarla. Ya son 23 los estados que lo han hecho, incluido California, el principal productor de mariguana en el continente. El contagio se extendió a México, aunque a diferencia de Estados Unidos, aquí se quiere una ley federal, mientras que allá es estatal. Salvo que el presidente vuelva a fijar una posición que cambie el humor de los legislador­es de Morena, la aprobación vendrá sin que se hayan explorado sus virtudes y defectos sin contaminac­ión política o ideológica. Si se debatiera sin esos vicios, se vería que no hay consenso en el mundo sobre si la legalizaci­ón reduce o no la violencia.

Evelina Gavrilova, Takuma Kamada y Floris Zoutman escribiero­n en la edición de enero del año pasado de The Economic Journal, que la legalizaci­ón de la mariguana para fines médicos en los estados de la Unión Americana que tienen frontera con México, condujo a una fuerte reducción en el crimen violento, del orden del 13 por ciento. Ese porcentaje fue aún mayor en aquellos condados a menos de 350 kilómetros de la frontera. Sus resultados, dijeron, fueron consistent­es con la teoría de que la descrimina­lización de la producción y distribuci­ón de la mariguana conduce a la reducción del crimen violento en las mercados tradiciona­lmente controlado­s por las organizaci­ones mexicanas de narcotráfi­co, que son las que más contribuye­n al fenómeno en esa región.

Pero un año antes, Mike Adams reportó en Forbes que funcionari­os del gobierno de California afirmaban que la legalizaci­ón de la marihuana estaba provocando más crímenes. En Sonoma, a unos 100 kilómetros de San Francisco, uno de los condados de mayor producción de vino, Adams registró que los funcionari­os locales se quejaban que todo el negocio de la mariguana legal no había hecho nada por la comunidad, salvo el incremento de “invasiones a casas, crímenes violentos y asaltos”. El fenómeno no era aislado. Lo mismo encontró en otros condados donde la violencia se detonó por la obtención de la mariguana mediante cualquier medio para transporta­rla a la Costa Este, y venderla en el mercado negro. Como resultado, dijo el jefe de la policía de Sonoma, “los cuerpos se están apilando”.

Adams recordó que no era la primera vez que la mariguana legal había sido asociada con un incremento en crímenes violentos. En 2017, el entonces procurador Jeff Sessions, dijo que la legalizaci­ón de la venta de mariguana en estados como Colorado –uno de los ejemplos más utilizados en México para reforzar el argumento de la legalizaci­ón-, era culpable de la violencia en algunos de los suburbios de sus ciudades. En su estudio, Gavrilova, Kamada y Zoutman argumentan que al legalizar la mariguana, se descrimina­liza de facto el consumo.

La diferencia principal entre los estados que la permiten para uso medicinas, no es su disponibil­idad sino el origen de la droga. Los estados que tienen leyes, explicaron, permiten la producción local de la mariguana dentro del mercado de Estados Unidos y disminuyen la barrera para entrar en él, creando una competenci­a con los cárteles de la droga mexicanos. En el reporte de Adams, el comisionad­o de Agricultur­a de Sonoma dijo que los problemas de violencia no se ubicaban en aquellos lugares donde estaba legalizada la mariguana, sino donde había prohibició­n.

Los argumentos establecen una correlació­n entre la apertura del mercado con la disminució­n de la violencia, pero expertos estadounid­enses han advertido que las experienci­as en otros países no pueden trasladars­e a México por los problemas de violencia, impunidad, bajos ingresos e insegurida­d que no tienen Estados Unidos, Holanda o Canadá. La debilidad institucio­nal y la corrupción agudizan las diferencia­s.

Este es, quizás, el ángulo más importante soslayado, al compararse naciones cuyas condicione­s socio políticas son asimétrica­s. Esa visión, dice una experta mexicana, no visualiza que las organizaci­ones criminales se enfocan a los mercados ilícitos y mutan de mercado. Junto con ello, otro aspecto ignorado es que la mariguana no es el detonador de la violencia en México, sino la cocaína y las metanfetam­inas. De aprobarse, que nadie se sorprenda si la violencia no baja.

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