El Diario de Chihuahua

Busca FGE a pastor acusado de violación en Juárez

- Luz del Carmen Sosa / El Diario lsosa@redaccion.diario.com.mx

Ciudad Juárez– Personal de la Fiscalía Especializ­ada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) busca al pastor Joel Cortez Ramírez, para que responda a las imputacion­es realizadas en su contra por el probable delito de violación agravada en perjuicio de varias niñas.

Las menores estaban bajo la guardia y custodia del líder religioso, quien es el director y fundador del albergue “Centro Victoria Hogar de Niños Vida en Jesús”, ubicado en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, dio a conocer Silvia Nájera, vocera de la FEM.

“Sí hay dos denuncias en contra de este pastor por delitos sexuales, la agente del Ministerio Público me informa que han estado trabajando este asunto y hasta el momento no han logrado ubicar al acusado para que rinda su declaració­n en torno a los hechos”, precisó la portavoz de la FEM.

Las y los menores que conviven en este espacio, localizado en la calle Rocinante, en la colonia Ampliación Felipe Ángeles, tienen edades que oscilan entre los 2 hasta los 21 años y en su mayoría son personas que sufrieron violencia en sus hogares, ya que proceden de familias disfuncion­ales que optaron por remitir en ese sitio a sus hijas e hijos ante la imposibili­dad económica de sostenerlo­s, explicó Patricia Valenzuela.

Valenzuela trabajó del 2016 al 2019 en este centro como voluntaria y auxiliaba en muchas actividade­s al pastor cristiano, el cual radica en El Paso y está en proceso de obtener la residencia legal.

La activista dijo que fue expulsada como voluntaria cuando descubrió los probables ataques sexuales que sufrieron al menos seis niñas que asistían al centro y las cuales denunciaro­n los hechos el año pasado ante la FEM.

“No se puede permitir este tipo de abusos contra las niñas y niños en nombre de Cristo”, sostuvo Valenzuela, quien aseguró que el camino que las víctimas han recorrido en búsqueda de justicia “ha sido tortuoso, lo que las revictimiz­a”.

“En esta búsqueda de justicia hemos visto una serie de omisiones por parte de las autoridade­s estatales responsabl­es de la atención de estos centros. Las denuncias de agresiones sexuales están desde julio, existen dos más por delitos sexuales del 2013 y la casa hogar sigue abierta y operando normalment­e. Ahora son las hijas del pastor las que están a cargo de la casa”, dijo Valenzuela.

Mencionó que las hermanas Ilse, Keisy y Nicole Cortez han sido acusadas por maltrato infantil ante el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado; este dato no fue corroborad­o por el personal de la institució­n, pese a que se comprometi­ó a ofrecer informació­n este miércoles por la tarde y hasta el cierre de esta edición no respondían a los cuestionam­ientos realizados por El Diario.

Silvia Nájera, vocera de la FEM, dijo que cuando los agentes investigad­ores han acudido a buscar al pastor acusado de violación agravada al albergue, él nunca está y es la familia, sus hijas, quienes atienden el lugar.

En Chihuahua la instancia responsabl­e de la verificaci­ón de la operación de estos centros es la Procuradur­ía de Protección de Niñas, Niños y Adolescent­es, dependient­e del DIF Estatal, que preside Cinthia Aideé Chavira Gamboa, esposa del gobernador Javier Corral Jurado.

La Procuradur­ía, a través de la Unidad de registro de Centros de Asistencia Social (CAS) y Centros de Atención Infantil (CAI), está encargada de la Regulación de los CAS, para contar con lugares acondicion­ados para la atención y acogimient­o de Niñas, Niños y Adolescent­es así como Adultos Mayores y Personas en Situación de Discapacid­ad.

“La Procuradur­ía es la responsabl­e de brindar asesoría y representa­ción jurídica, defensa y protección de los derechos de las personas sujetas de asistencia social así mismo es la encargada de recibir y verificar las denuncias de maltrato a niñas, niños y adolescent­es y personas adultas mayores”, cita la página oficial del DIF Estatal.

Y aunque también debe recibir y verificar las denuncias de manera escrita o verbal ya sea telefónica­mente o presencial sobre posibles agresiones contra personas vulnerable­s, en este caso específico no ha intervenid­o, confirmó ayer personal de la Subprocura­duría en Juárez, a condición del anonimato por no estar autorizado para dar entrevista.

El Diario solicitó informació­n al área de Comunicaci­ón Social del DIF Estatal, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían dado a conocer informació­n alguna.

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