En manos de Lutero

Debiera haber un mínimo de reflexión en Palacio de Gobierno sobre el tema de seguridad pública.

Es mucho pedir que hubiera sensibilidad.

Aparentemente no hay, ninguna de las dos.

Primero, la segunda.

Todavía es hora que, ni siquiera, el gobernador Corral ha intentado hablar telefónicamente con los deudos de la masacre de Bavispe.

Ni una sola palabra, ni una sola mención. Ciertamente, los hechos ocurrieron en territorio sonorense, pero a escasos metros del de Chihuahua. Además, algunos de los caídos, o baleados, son chihuahuenses, o sus familiares residen en nuestra tierra.

¿Por qué no tener una atención, mínima, de ofrecerles la ayuda que el gobierno de Chihuahua pudiera ofrecerles, siquiera para intentar atenuar el gravísimo hecho de no haberles proporcionado algún auxilio a las familias Lebaron-langford en los inmediatos momentos después de la masacre? Hacerlo ahora resultaría hasta grotesco. En cuanto al primer tema. Luego de más de dos mil 700 homicidios presentados a lo largo de su gestión, el gobernador Javier Corral, inopinadamente, sin una argumentación que le diera sustento, sin una exposición de motivos que diera pie a que, a escasos meses del término de su gestión, (Sí, ya sabemos que terminará en septiembre del 21, pero en términos reales culminará a principios de ese año, ante la irrupción de los aspirantes a la candidatura a sucederlo) y cuando es una percepción generalizada que su gobierno es un fracaso en materia de seguridad, decidió cambiar el esquema y crear la Secretaría de Seguridad Pública.

Para ello le quita al fiscal Peniche la responsabilidad de tal tarea y le impone al comisionado Aparicio un nuevo jefe para que se haga cargo de ella.

Con la llegada de Emilio García Ruiz a la nueva dependencia se completa el cuadro: todos los altos mandos de la seguridad pública, en el gobierno del Nuevo Amanecer, proceden de la extinta Policía Federal y/o de la ex Procuraduría General de la República.

Los resultados están a la vista. Regresamos a los niveles, en homicidios, a los niveles del 2012.

Para hacer los nombramientos de Peniche y Aparicio se argumentó que fueron aprobados por los mandos militares y de seguridad del gobierno de Peña Nieto.

¿El gobierno de la 4T habrá aprobado el nombramiento de García Ruiz, justamente en el momento en el que el mundo de la procuración de justicia -y el país entero- se estremeció con la detención de Genaro García Luna?

Y peor presentación no podía haber tenido el nuevo funcionario. Para deslindarse del preso García Luna, arguyó que nunca recibió órdenes directas del ahora defenestrado y que no coincidió, en su extensa carrera policial, con la de García Luna.

¿A quién pretende convencer de su “lejanía” de García Luna? Pudo argumentar muchas cosas más, entre ellas, la de no haber compartido, ni negocios, ni corruptelas, ni decisiones acerca del trato con las bandas delictivas.

Así, funcionarios policiales que tuvieron responsabilidades, de las mayores, en el ámbito federal, en la larga noche de Chihuahua entre 2008 y el 2012, -no deberá olvidarse que el fiscal Peniche fue, por largos tramos de esa etapa, el delegado de la PGR en nuestra entidadlas tienen ahora en nuestra entidad, en la que la curva delictiva-homicida es sostenida, creciente, sin que se advierta, a lo largo de la actual gestión, la aplicación de una estrategia efectiva para impedirlo.

Vamos, no se aprecia, siquiera, la elaboración y aplicación de una estrategia.

Lo más malo resulta del hecho de que la peor experiencia sufrida por los chihuahuenses, o una parte de ellos, a manos de algún grupo policial, fue cuando los elementos de la Policía Federal fueron enviados a Juárez a combatir los graves niveles de inseguridad en aquella noche.

Fue contraproducente. Las cifras de extorsión, secuestros y homicidios se elevaron dramáticamente.

La salida de ellos atenuó lo anterior. Los jefes de aquellos ahora se encargan de la seguridad en Chihuahua, de ahí el título.

¡Feliz 2020!