Corte decidirá construcción de muro con fondos privados
Houston– Para Tommy Fisher, una audiencia en una corte federal programada para mañana cerca de la frontera con México podría resultar en que su compañía reciba la oportunidad de demostrar que puede construir el muro fronterizo que desea el presidente Donald Trump más rápido y con mejor calidad de lo que lo haría el gobierno.
Para grupos ambientalistas y algunos terratenientes del sur de Texas, la audiencia podría abrir las puertas a un proyecto que, aseguran, puede provocar inundaciones y destruir sus propiedades.
Se prevé que un juez federal en la ciudad de Mcallen, Texas, limítrofe con México, decida sobre levantar o no la orden de restricción temporal en contra del proyecto para construir un muro fronterizo con fondos privados a las orillas del Río Grande (Bravo).
La compañía constructora de Fisher, que ya ganó una licitación de 400 millones de dólares para levantar una sección del muro fronterizo en Arizona, quiere instalar 4,8 kilómetros (3 millas) de postes de acero de unos 10 metros (35 pies) de altura desde la orilla estadounidense del río. Los postes serían colocados en tierras privadas y con un camino de concreto detrás de ellos para facilitar las labores de vigilancia.
Remontándose a la Ley de Cerco Seguro de 2006, Estados Unidos ha evitado en la medida de lo posible las construcciones aledañas al Río Grande.
El serpenteante río que separa a Estados Unidos y México es fundamental para la vida silvestre de Texas y proporciona agua a ambas naciones por medio de una serie de presas y canales, definidos en los términos de tratados internacionales. A fin de no violar dichas obligaciones causando erosión o redirigiendo el agua del río, Estados Unidos ha construido la mayor parte de su muro fronterizo en el sur de Texas a por lo menos kilómetro y medio (una milla) de la cuenca del río.