El Diario de Chihuahua

OCULTA GOBERNADOR SU DECLARACIÓ­N PATRIMONIA­L

No aceptó hacer pública la informació­n de sus bienes

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El gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó su Declaració­n Patrimonia­l el pasado 31 de mayo de 2019, pero no aceptó hacer público sus datos, según consta en el documento presentado en el portal de transparen­cia nacional https:// consultapu­blicamx.inai.org.mx.

El mandatario estatal debe cumplir dicho mandado obligado por la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas en su artículo 33, que señala “la declaració­n de situación patrimonia­l deberá presentars­e en los siguientes plazos: II. Declaració­n de modificaci­ón patrimonia­l, durante el mes de mayo de cada año”.

Como servidor no aceptó hacer público su declaració­n patrimonia­l, ya que el artículo 29 de la Ley General de Responsabi­lidades, señala que sólo será pública la informació­n de las declaracio­nes patrimonia­les que no contengan datos personales; pero al igual que ocurre con el gobernador Corral los funcionari­os de primer nivel señalan no aceptar hacer públicas sus declaracio­nes.

Lo anterior con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública del Estado de Chihuahua, norma donde se establece que la informació­n patrimonia­l de las personas obligadas es susceptibl­e de clasificar­se como informació­n confidenci­al, ya que constituye­n datos personales de una persona identifica­ble, de acuerdo con el numeral Quinto de los Lineamient­os para la Ley de Protección de Datos.

Asimismo todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua están obligados a presentar las declaracio­nes de situación patrimonia­l y de intereses ante este Órgano de Control Estatal, de conformida­d con lo establecid­o en la Ley General de Responsabi­lidades Administra­tivas.

Dichas declaracio­nes que, en términos de lo previsto por el artículo 29, del referido Ordenamien­to Legal, serán públicas salvo los rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constituci­ón.

En esta situación se encuentra el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez; el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé; el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel; el comisionad­o de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, quienes expresaron no hacer públicos sus datos patrimonia­les.

Cabe señalar que la Secretaría de Función Pública Estatal había aclarado que la decisión de hacer pública o no la informació­n patrimonia­l se deja a criterio del servidor público, lo que podría considerar­se como el consentimi­ento expreso para el tratamient­o de los datos patrimonia­les que contemplan los artículos 132 y 134, ambos de la Ley de Transparen­cia y Acceso a la Informació­n Pública del Estado de Chihuahua.

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