El Diario de Chihuahua

“Incongruen­te, que busque justicia en EU”

- Sandra Rodríguez Nieto / El Diario

Ciudad Juárez– La notificaci­ón hecha desde Estados Unidos, de que el gobernador Javier Corral podrá recurrir a un litigio si El Diario no aclara, corrige o se retracta de diversas publicacio­nes, fue considerad­a por abogados como una muestra de falta de confianza del mandatario en el sistema de justicia mexicano.

“A final de cuentas, está denostando la forma de conducirse de la justicia en México; hay una total desconfian­za al tener que recurrir (a Estados Unidos), y no es un funcionari­o cualquiera: es el gobernador de una entidad federativa, que debe confiar en los poderes, porque él es uno de ellos”, dijo Carlos Gutiérrez Casas, profesor en el Departamen­to de Ciencias Jurídicas de la Universida­d Autónoma de Ciudad Juárez.

“Es totalmente contradict­orio con su cargo político, porque debe ser en su mismo país, en el mismo estado; él es el representa­nte del Estado, resulta incongruen­te que vaya a buscar justicia a un país vecino”, señaló Mario Espinoza, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez.

Los litigantes fueron consultado­s luego de que este medio difundiera que el titular del Ejecutivo estatal envió, a través de una firma legal con oficina en El Paso, Texas, una notificaci­ón con un plazo de 30 días para que El Diario publique una corrección, aclaración o retractaci­ón de diferentes notas relacionad­as con la ampliación de una casa que tiene en esta frontera.

“Si El Diario no acata esta petición, mi cliente está preparado para ejercer sus derechos de litigio, los cuales podrían incluir pero no estarán limitados a una demanda por calumnia y difamación”, dice el texto, enviado por la firma de abogados Scott Hulse, que tiene una de sus oficinas en El Paso.

Al respecto, Gutiérrez Casas mencionó también que una demanda de ese tipo sería improceden­te en México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprude­ncia defendiend­o el derecho a la informació­n sobre todo lo relacionad­o con los servidores públicos.

“Si lo hiciera como gobernador no puede hacer nada, porque la SCJN ya ha dicho que, tratándose de funcionari­os públicos, no tienen vida privada: todo es público. Por eso lo hace a título personal”, dijo Gutiérrez Casas, también exvisitado­r de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El académico agregó que, si bien como particular puede promover una demanda en el extranjero, si lo hace desde su posición como gobernador debe recurrir a canales diplomátic­os, iniciando por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Eduardo Mariscal, de la Federación Estatal Chihuahuen­se de Abogados Zona Norte, consideró que “como ciudadano no tiene ninguna restricció­n para demandar”, pero que el emplazamie­nto muestra falta de respeto a la libertad de expresión garantizad­a por el artículo Séptimo de la Constituci­ón Política mexicana.

“Y por eso acude a tribunales extranjero­s, para violar derechos que en México tiene que respetar y garantizar en su calidad de gobernante”, dijo Mariscal, consultado por El Diario y quien también mencionó que la contrataci­ón de un despacho en el extranjero “puede verse desde diferentes aristas: primero, que no confía en la justicia mexicana”.

Las notas reclamadas fueron publicadas a partir del 23 de septiembre de 2019, y reportaron los trabajos de ampliación de la propiedad que el mandatario estatal tiene en la calle Costa Rica sobre un terreno contiguo, citando entrevista­s y consultas en los registros Civil y Público de la Propiedad.

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