Candil de la calle, oscuridad en Palacio
Terrible día, el viernes anterior, para el gobernador Corral. Recibió el rechazo apabullante de la gente asistente al acto celebrado en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, junto al presidente López Obrador, de una manera tal que, por lo menos ahí sí guardó correlación con el resultado de la encuesta realizada por la empresa Arias Consultores, publicada en la semana. Sólo el 17.8 por ciento de chihuahuenses aprueban su gestión.
El mismo día, el periódico La Jornada publicó una nota en primera plana. En ella da cuenta de la demanda que presentará el gobernador Javier Corral en El Paso, Texas, en contra de El Diario al que le pide se retracte de la información publicada acerca de dos propiedades adquiridas por el mandatario. Si no, será demandado.
No es todo. En la conferencia mañanera de López Obrador debió sufrir un auténtico regaño por parte del presidente, debido a que es uno de los mandatarios que menos asistencias tiene a las reuniones cotidianas de seguridad. Para ubicarlo, AMLO elogió al alcalde Armando Cabada, quien es el segundo alcalde, a nivel nacional, con más asistencias a tales reuniones.
No basta con recibir una nota diaria, semanal o quincenal, para informarse de lo ocurrido el día anterior en materia de seguridad; hay que levantarse temprano y revisar, junto con los encargados de esa materia, le dijo a Juan para que entiendas Pedro.
La nota publicada en La Jornada motivó que en la sección Rayuela, (una especie de editorial del periódico, escrita en una cuantas líneas, generalmente por el fundador de La Jornada, Carlos Payán) publicara lo siguiente, que da título al presente artículo: “Muy sensible, la epidermis del gobernador Corral. Candil de la calle, oscuridad en palacio”.
Es otro grave atentado del gobernador Corral a la libertad de expresión; es una conducta reiterada, en la que lo mismo acusa a los medios locales como a los nacionales, que, debemos reiterarlo, han publicado informaciones críticas a los ojos de Corral, pero que han sido generadas por los actos del mandatario, la mayor parte de ellas a raíz de la extrema frivolidad mostrada a lo largo de su gestión.
La amenaza a los medios de comunicación, no del ciudadano Javier Corral, sino del gobernador Corral, -porque no puede desprenderse de su cargo- es siniestra. Afirma que la demanda será de mucha calidad y que servirá para “que cuando vean el tamaño de las demandas, la calidad de las demandas, creo que ahí algunos de ellos van a reflexionar”.
¿Quiénes deberán “reflexionar”? ¿Sobre qué? ¿Sobre las críticas que le hagamos a su actuación y a su gobierno?
Es extremadamente preocupante la postura del gobernante.
Ante las críticas, amenaza a quienes lo hagan a enfrentar procesos penales y civiles. Incapaz de enfrentar con donaire democrático -y de acuerdo con los parámetros legales- la crítica, asume la conducta exactamente contraria, la que linda con el autoritarismo.
En ello cumple casi todos los requisitos de ese perfil, incluido el de haber contratado, por fuera de todas las normas, los servicios del Canal 28, que con distintos nombres comerciales y de personas físicas, sus propietarios lo son, en realidad, del canal, quienes ahora obtienen millonarios contratos del gobierno del “Nuevo Amanecer”, a cambio de ser extremadamente obsecuentes con el paseño y su gobierno, de modo tal que esa televisora se asemeja a las estaciones de radio y televisión de los regímenes autoritarios.
La acusación del gobernador Corral consiste en señalar como falsas las informaciones publicadas por El Diario en relación a su propiedad en Juárez, en la que aparentemente existen diversas anomalías cometidas por el gobernante.
Además, acusa al periódico, como lo ha hecho reiteradamente desde hace meses, de pretender extorsionar al gobierno que él encabeza. Lo ha hecho, y ahora no es la excepción, sin mostrar prueba alguna. Lo peor, sin iniciar la acción legal correspondiente, en virtud de su carácter de funcionario público y de posible víctima de la extorsión.
En lugar de refutar el contenido de las informaciones publicadas, con evidencias, exhibiendo los documentos con los que ampara la legal posesión de los bienes adquiridos y la adquisición, igualmente legal, de los bienes involucrados, y que demuestren la legalidad, sobre las propiedades, de quienes le vendieron al mandatario, se ha dedicado a lanzar denuestos en contra de El Diario.
Cuando se esperaba que en la entrevista semanal que le hace el Canal 28 de televisión, -todos los miércoles- se exhibieran los documentos y esgrimiera los argumentos que esclarecieran la legalidad de sus adquisiciones, Corral escaló las acusaciones, anunció que las demandas también se presentarían en México -luego de las generalizadas críticas al hecho de anunciar que lo haría en EU- y lanzó una andanada de acusaciones y epítetos en contra del director general de El Diario, Osvaldo Rodríguez Borunda, a quien acusó de ser “un extorsionador profesional” y de poseer inmensas riquezas “fondeadas con recursos públicos”.
Sabedor de que será criticado por presentar una demanda en el extranjero y no en el país, arguyó débilmente que así lo hizo por el hecho de que el director general reside en El Paso, pero pasa por alto que los supuestos ilícitos, de cometerse, ocurrieron en México y que, además, se derivan del hecho de ser un funcionario público, sujeto a un entramado legal muy distinto al de los ciudadanos.
Insistente en la denuncia de extorsión no ha informado, en ningún medio, en ningún lugar, de los aspectos más simples de ese hecho.
¿Quién lo amenazó? ¿Le dijeron expresamente que si no le entregaba una cantidad de dinero, El Diario lo criticaría sin piedad, tal como él ahora lo hace, cuando dice que si El Diario no se retracta de los reportajes publicados, presentará la demanda?
¿Qué cantidad le pidieron? ¿Quién se la pidió? ¿Hay testigos?
Esas preguntas y otras semejantes se le hacen a las víctimas de extorsión con el fin de ubicar el delito, los beneficios buscados por los delincuentes, así como la identidad de estos.
Corral nunca ha ofrecido estos datos. Al no hacerlo, y ya han transcurrido varios meses desde la publicación de los reportajes, en los que existen declaraciones (escritas, audios y videos) de los propietarios, así como la publicación de documentos de las instancias gubernamentales pertinentes, lo que queda es la percepción de que se trata de un vano intento de impedir que la prensa haga su trabajo en relación al gobierno que encabeza, intención que se advierte en unas cuantas palabras de la entrevista del miércoles 8 de enero en el mencionado canal.
Anunció que la demanda que presentaría sería -como lo ha dicho en otras ocasiones, para asuntos varios- “ejemplar” y que, además, está “empeñado en que sea un caso exitoso” porque, afirmó, “debe servir de ejemplo” (a fin de evitar que la prensa haga señalamientos críticos a los funcionarios del gobierno) pues, dijo, ya ven que El Diario “acaba de publicar que Emilio García Ruiz -el recién desempacado secretario de Seguridad Pública- está vinculado con García Luna, yo creo que (García Ruiz) debiera también denunciar esto. Porque este tipo de imputaciones terminan por favorecer a los malosos ¿No?”.
Desconocedor del entramado legal vigente, en esa entrevista dio a conocer otro hecho por demás preocupante.
Adujo que los servicios profesionales de los abogados norteamericanos son muy caros. Para resolver ese problema, anunció que le ha pedido a sus amigos que lo apoyen económicamente, “para la contratación de esos despachos pues tenemos que dar esa batalla. Me alienta la respuesta que he encontrado”.
¿Qué?
¡El gobernador de Chihuahua pasará la charola a sus amigos ricos para defenderse de El Diario!
¿Pues que no sabe que está impedido legalmente para pedir dinero alguno? Es el gobernador de Chihuahua, no es el ciudadano Javier Corral.
¿A cambio de qué algunos hombres -y mujeres-, poderosos económicamente, aceptarán entregarle cuantiosos y crecientes recursos económicos para sobrellevar las demandas civiles y penales que presentará en EU?
Más aún ¿en calidad de qué presentaría la demanda? ¿Como el ciudadano Corral, o como el gobernador Corral?
Si lo hace como gobernante, incurriría en otro delito, el de la omisión, pues sabedor de la supuesta extorsión, debió denunciarla ante la Fiscalía General del Estado, además de tener que explicar y justificar debidamente el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua recurra a la justicia extranjera por supuestos delitos cometidos en ¡México!
¡Ah, es que argumenta que allá, en El Paso, es donde sufrió “daños a su reputación personal”! ¡De lo que deducimos que acá, en Chihuahua, no!
Por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia defendiendo el derecho a la información, sobre todo lo relacionado con los servidores públicos, como lo enfatizó el académico juarense, Carlos Gutiérrez Casas: “Si lo hiciera como gobernador no puede hacer nada, porque la SCJN ya ha dicho que, tratándose de funcionarios públicos, no tienen vida privada: todo es público…”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 10 enero 2020).
Y para que no quepa dudas de la autoría de esta pretensión, insiste reiteradamente que las estrategias legales las ha determinado él.
Por lo menos, al expresar que pedirá a sus amigos que lo apoyen ha aclarado, así sea tangencialmente, que no usará recursos públicos para el litigio en EU.
Está impedido de hacerlo, porque, además, como lo sostiene el abogado amparista, Héctor Villasana, al hacerlo está violando varios preceptos constitucionales que preservan la libertad de expresión y que, además, lo obligan a ser garante de ella y no su permanente hostigador.