INDAGAN TORTURA, SIN PRESUPUESTO
Sólo 11 estados cuentan con una Fiscalía Especializada, como lo ordena la ley; otros 10 tienen una unidad para atender ese delito y 11 más no han creado ninguna área especializada
Ccombate iudad de México–a pesar de los avances legislativos y la presión internacional, el a la tortura ha sido dejado de lado por las autoridades estatales en materia presupuestal y de recursos humanos.
Desde junio de 2017 se publicó la Ley General contra la Tortura; sin embargo, la mayoría de las entidades siguen sin acatarla.
Por ejemplo, sólo 11 estados cuentan con una Fiscalía Especializada, como lo ordena la ley. Otros 10 estados tienen dentro de sus Fiscalía General una unidad para atender ese delito y 11 más no han creado ninguna área especializada.
Según el Observatorio contra la Tortura, estados como Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Baja California no cuentan con ningún agente del Ministerio Público especializado en indagar ese delito.
San Luis Potosí, Quintana Roo, Querétaro, Colima, Campeche y Baja California Sur cuentan sólo con uno, y Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Durango, Nuevo León y Oaxaca tienen dos.
En materia presupuestaria, 22 estados no designaron ni un peso a las fiscalías para el combate a la tortura en 2019, según peticiones de información sistematizadas en la plataforma sintortura.org.
Cuatro entidades (la Ciudad de México, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala) no respondieron a la petición de información, mientras que el Estado de México destinó 25.2 millones de pesos, Tamaulipas, 8.5 millones; Chiapas, 4.3 millones; Zacatecas, 3 millones; Tabasco, 2.3 millones, y Colima, poco menos de 400 mil pesos.
Desde 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, entonces Juan Méndez, advirtió que en México la tortura es sistemática y generalizada, lo que generó una descalificación hacia el especialista por parte del Gobierno de Enrique
Peña Nieto.
Sin embargo, la práctica de la tortura ha sido documentada en operativos como el de Atenco en 2006, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violencia sexual contra al menos 11 mujeres.
Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y más profundamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh), señalaron que la tortura fue utilizada para fabricar la llamada "verdad histórica" en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Los alegatos de tortura han permitido que más de la mitad de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas hayan salido libre.
Pese a ello, ese delito se mantiene prácticamente en la impunidad.
Datos del Observatorio contra la Tortura indican que en 2018 se iniciaron más de 3 mil 600 investigaciones en el fuero local por ese delito, sin embargo sólo se presentaron cargos penales en 2 casos.
Entre 2014 y 2018, sólo se lograron 8 sentencias, 6 en Chihuahua, una en la Ciudad de México y otra en Yucatán, aunque no se especifica si las resoluciones fueron absolutorias o condenatorias.