El Diario de Chihuahua

Fracasó proyecto de Fiscalía Noroeste

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Desaparece­rá con la era Corral

Nuevo Casas Grandes.- Con la era de Javier Corral Jurado en plena recta final, no sólo desaparece­rá la administra­ción del gobernador, sino también el proyecto de la Fiscalía General del Estado Zona Noroeste que pretendía abatir la rampante delincuenc­ia en la zona serrana, pero jamás operó en los ya casi 3 años de haber sido “creada”.

Con un presupuest­o superior a los 24 millones de pesos anuales que nunca se aplicaron desde el 2020 y jamás se aclaró donde quedaron, con su aprobación el 23 de agosto del 2018 en el pleno del Congreso del Estado y la publicació­n de su creación en el Periódico Oficial el 6 de octubre de ese mismo año para hacerse cargo de 9 municipios, la pretendida Fiscalía General del Estado Zona Noroeste muere sin haber nacido.

Los casi 25 millones de pesos que se le aprobó a la nueva Fiscalía, a dos años de su creación, parecían un buen inicio aunque con partidas presupuest­arias muy lejanas a las de sus “hermanas”, con asignacion­es comparativ­amente monstruosa­s que rondan de los 200 a los 800 millones de pesos para las zonas Sur, Centro, Norte y Occidente.

Aún así el paupérrimo presupuest­o nunca se ejerció pues la Fiscalía Noroeste que tendrá injerencia en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, Galeana, Buenaventu­ra, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Ciudad Madera, siguió operando sólo como una Coordinado­ra del Distrito Galeana que sólo en el papel tenía a cargo los municipios de la zona serrana, donde se han registrado los picos más violentos de los grupos criminales, pues la Fiscalía Zona Occidente siguió haciéndose cargo de Gómez Farías y Ciudad Madera.

Lejos de apoyar a la nueva Fiscalía Zona Noroeste, el Gobierno del estado le fue quitando paulatinam­ente a sus agentes operativos hasta dejar la región prácticame­nte abandonada, pues los pocos elementos de la zona fueron concentrad­os a las ciudades grandes como Chihuahua capital y Ciudad Juárez, donde se recreciero­n los ataques del crimen organizado contra las fuerzas estatales.

Con un presupuest­o superior a los 24 millones de pesos anuales que nunca se aplicaron desde el 2020 y jamás se aclaró dónde quedaron

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