Sólo les Queda Huir

Al cierre de junio se tenía un registro oficial de 545 personas desplazadas

Al cierre de junio de 2021 se tenía un registro oficial de 545 personas que dejaron sus hogares por este motivo; “mataron a mi hijo para quedarse con nuestra tierra; ahora no podemos volver”, relatan Causas de este fenómeno social: homicidio, despojo, robo, fraude, daños, amenazas, lesiones, desaparición y privación de la libertad; actualmente están a la deriva 56 personas desplazadas de Morelos y Gpe. y Calvo

El 13 de junio de 2021 Raúl Chávez Palma fue asesinado junto con dos amigos en Santa Cruz, una comunidad situada entre los municipios de Morelos y Guadalupe y Calvo en la sierra de Chihuahua. Su cuerpo estrangulado y con señales de tortura duró tres días en el interior del vehículo en el que viajaba porque sus familiares no podían acercarse a recogerlo. Los grupos criminales dedicados a la producción de enervantes los obligaron a huir del lugar.

La muerte de Raúl fue el clímax de un conflicto de casi dos décadas de antigüedad y que se recrudeció en los últimos tres años, dejando a la deriva a 56 personas de cinco comunidades colindantes entre los municipios señalados. Las víctimas fueron obligadas a abandonar casas, terrenos y todo tipo de bienes que los presuntos delincuentes tomaron, destruyeron y se apropiaron de lo que quedaba: la tierra.

A cientos de kilómetros de su lugar de origen, aún con temor, desesperación y frustración ante la inactividad de la autoridad, las familias desplazadas hablan de lo ocurrido, de cómo han tenido que huir, refugiarse en lugares lejanos y ver la vida pasar sin que haya ninguna respuesta positiva para ellos. Mientras tanto, algunos se han refugiado con familiares en comunidades alejadas del lugar de los hechos y otros han tenido que huir debido al temor generado por los agresores

“Después de matar a Raúl quemaron las casas con todo lo que había adentro, saquearon la escuela, mataron animales e hicieron todo tipo de destrozos. Son muchas las personas que han corrido de sus casas, a los tarahumaras los han sacado de sus predios pero no conformes con eso también se han dedicado a violar niñas indígenas”, dijeron los afectados, cuyos nombres se omiten por obvias razones.

Aseguraron que los agresores son personas (hombres y mujeres) dedicadas a la siembra y trasiego de droga y su intención es amedrentar y correr a la gente del lugar para quedarse con la tierra y poder darle otro uso, con el cual los ahora expulsados no estaban de acuerdo.

“Quieren correr a la gente para dejar libres las tierras y sembrarlas de droga. Todo allí depende de una persona que los apoya; que no vive allí ni es nacido allí pero si es del estado de Chihuahua”, dicen los quejosos, que ahora forman parte de la estadística de despojo y desplazamiento forzado que va dejando la violencia y que según la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al cierre del primer semestre del 2021, sumó más de 500 personas.

Según el acta de defunción, fechada el 17 de junio en la Oficialía de Guachochi, Raúl Chávez Palma murió a causa de la “asfixia por ahorcamiento” pero los testimonios de quienes ahora están lejos de sus hogares, el hombre de 45 años de edad también recibió impactos de bala y su cuerpo quedó en el interior de un vehículo cerca de un punto denominado “Puerto de los Laureles” donde aparentemente, él y sus dos acompañantes fueron emboscados.

Después de asesinar a los tres hombres, indican los testigos, los agresores fueron a la casa de Raúl y la quemaron con todo lo que había en el interior pero además, se robaron los animales propiedad de la víctima.

“Quemaron otra casa en Puerto Amarillo y otra en rancho Ramírez luego se llevaron los animales. Esperaron a que estuviera solo para matarlo”, dicen sus familiares quienes no pudieron acercarse al lugar del asesinato porque los homicidas estaban allí.

“Nos quitaron las tierras, todo, no nos quedó nada. Tuvimos que huir cuando en la radio dijeron lo que había pasado y solo de lejos miramos que las casas estaban ardiendo. Nadie se acercó a donde estaba Raúl hasta tres días después. Él quedó sentado frente al volante, el segundo hombre cerca de él pero el tercero estaba afuera de la camioneta, carcomido por los animales”, dicen.

A pesar de que el problema es añejo, señalan, con el paso del tiempo fue incrementando la presión para que abandonaran las comunidades. A Raúl ya le habían quitado una tienda Diconsa que manejaba pero también, los agresores solían quitarles el agua o en su defecto, envenarla.

Tras lo ocurrido, las familias acudieron a la fiscalía a denunciar los hechos, sin embargo hasta el momento desconocen qué medidas se han tomado o si algún día podrán regresar a su tierra.

“La fiscalía no ha hecho nada. Perdimos todo. La mayoría de los afectados se fue a Baborigame pero otros andan huyendo por miedo y no se sabe dónde quedaron. Son 56 personas de las comunidades Santa Cruz, Puerto Amarillo, Los Ángeles, Sahuárare y Sitárachi. Mientras todos nosotros huimos ellos viven en sus casas tranquilamente”.

Los quejosos aseguran que la policía sabe perfectamente quienes son los agresores porque cuentan con un listado de nombres de los involucrados que, además de los hechos mencionados, se han dedicado a robar a los indígenas.

“Al principio nos apoyaron pero ahorita ya no sabemos cómo está todo. En julio hubo una reunión en Guadalupe y Calvo con nosotros pero solo llevaron un médico para que nos atendiera. No sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a regresar a nuestras tierras o no. Lo único que queremos es que nos entreguen las tierras. Hay mujeres y niños afectados, mujeres enfermas de los pies que no pueden ni caminar, andan en muletas. Pedimos a la autoridad que se haga justicia porque tenemos miedo de lo que pueda pasarnos si ellos siguen libres y mientras eso pase pues no podremos volver”.