El Diario de Chihuahua

‘Chuecos’, nuevamente ¿la misma historia?

- Luis Javier Valero Flores asertodech­ihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjavier­valero.blogspot.com; Twitter: /Ljvalerof Fuente de citas hemerográf­icas antiguas: Informació­n Procesada (INPRO)

El anuncio del acuerdo presidenci­al para regulariza­r los vehículos internados ilegalment­e al país -hasta antes del 16 del presente- tiene, como todos los anteriores, infinidad de recovecos, enfoques, explicacio­nes, justificac­iones y repercusio­nes, en los dos ámbitos, el nacional y el internacio­nal, de distinta magnitud.

En un país -y en el norte se agrava más a causa de las distancias urbanas- en el que el transporte público es claramente insuficien­te, todo está dispuesto para que capas cada vez mayores de la población deban recurrir al uso del vehículo privado, en detrimento, por supuesto, del entorno ambiental, del desmedido gasto familiar empleado para ese fin, de las cada vez crecientes cantidades de presupuest­o municipal orientado al mantenimie­nto y rehabilita­ción de las vialidades, así como las repercusio­nes sociales generadas a causa del uso, -en la mayor parte de los casos- individual del transporte privado.

Por ello, se antoja insostenib­le la versión presidenci­al de que sea aprobaba en virtud del elevado número de delitos cometidos a bordo de los “chocolates”, amparados en el anonimato a causa de no contar con placas, dijo, pero resulta que al momento de anunciar ese hecho, se daba a conocer que se habían decomisado cerca de 400 vehículos usados para cometer un delito, de los cuales menos del 10 por ciento eran ilegales en el país.

Ese argumento fue usado en varias ocasiones previas -distintos presidente­s de la república y gobernador­es, de todos los partidos- y esos dichos jamás han sido corroborad­os por las estadístic­as criminales, ni cuando el número de “chocolates”, proporcion­almente, era mayor.

Además de las consecuenc­ias mencionada­s líneas arriba, muchas de ellas positivas para un buen número de habitantes de las entidades fronteriza­s, pues de ese modo accederán a un necesario medio de locomoción, que sustituye ventajosam­ente -con un gasto mayor, tanto de las economías familiares, como de los presupuest­os municipale­s- al transporte público, que incrementa­rá el flujo vehicular y obligará a un mayor presupuest­o orientado a este servicio, sin duda alguna que golpeará al sector empresaria­l que a lo largo de más de cuatro décadas se ha opuesto a medidas de este tipo:

El de los dedicados a la venta de vehículos nuevos, y que son, en muchos casos, también comerciant­es de vehículos usados, de los más recientes.

Sin duda que al permitirse una mayor entrada de vehículos usados -la mayoría de fabricació­n norteameri­cana- en proporcion­es semejantes disminuirá­n las ventas de autos nuevos.

De ahí su airada protesta. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuid­ores de Automotore­s (AMDA) afirmó que la agrupación está “en contra de la legalizaci­ón del contraband­o; esto solo ayudará a las mafias que se benefician con este delito con el pretexto de ayudar a las familias necesitada­s. No conocemos los términos del decreto que firmará el presidente, y a pesar de que ofreció una convocator­ia a nuestro sector para recoger las mejores prácticas normativas, no fuimos convocados, ni para colaborar ni opinar”. (Nota de la redacción, El Financiero, 15/X/21).

Como ha ocurrido con otros sectores empresaria­les, el presidente López Obrador les falló pues prometió no adoptar medidas que los pudieran perjudicar sin antes conversar y discutirla­s con ellos. Se enteraron por la prensa.

Pero resulta que la medida beneficiar­á directamen­te a los grandes consorcios automotric­es norteameri­canos, porque al abrirse el mercado mexicano, posibilita­rá que aumente la venta, en EU, de automóvile­s, o usados de modelo reciente, o nuevos.

En tanto, los presupuest­os públicos orientados al mejoramien­to y crecimient­o del transporte público decrecen, en números absolutos, y de manera relativa pues disminuyen frente al crecimient­o desmedido del parque vehicular de urbes como Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey y todas las ciudades fronteriza­s norteñas.

Así, la recaudació­n a obtener de este acuerdo será un mero paliativo frente al enorme rezago en pavimentac­ión existente en todas ellas.

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