La iniciativa de reforma electoral de AMLO
(parte 1 de 2)
El pasado 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa en materia electoral para reformar 18 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que ha sido de una amplia polémica, aún y cuando en su contenido existen aspectos positivos que desde hace décadas se han venido exigiendo no nada más por la sociedad en general, sino que también lo habían venido haciendo muchos de quienes ahora —¿inexplicablemente?— la están rechazando, siendo estos los partidos de oposición, por lo que tal iniciativa difícilmente pudiera prosperar.
Dicha propuesta presidencial abarca aspectos que en general son pertinentes a nuestra aspiración democrática como sociedad (que no necesariamente coincide con los intereses de las organizaciones políticas). Según se precisa en la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión, se comprenden los siete temas siguientes: financiamiento de los partidos políticos; acceso de los partidos a radio y televisión; unificación de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional y extinción de los organismos públicos locales (OPLE´S) y tribunales electorales de las entidades federativas; conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y de la Sala Superior del TEPJF; elección mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladoras y legisladores; voto electrónico, y; reducción de integrantes del congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.
Por lo que hace a la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que implica que únicamente les sea otorgado para las campañas electorales, y no así para sus actividades ordinarias, se tendría un reivindicante, justo y necesario ahorro anual de aproximadamente 16 mil 300 millones de pesos. Una exigencia de la sociedad mexicana, que lamentablemente está siendo repudiada por muchos de los propios partidos políticos, pues indudablemente les implicaría poner a prueba su capacidad de convocatoria para obtener recursos de sus militantes y simpatizantes, quienes difícilmente meterían la mano a su bolsillo por quienes no han sido sus auténticos representantes.
En cuanto al acceso de los partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión, se está proponiendo un modelo de comunicación política tendiente a la difusión efectiva de mensajes propositivos, que vendría a responder en cierta medida a ese hartazgo en que ha caído la población ante tanta campaña de desprestigio de unos contra otros, con mensajes simplistas, tendenciosos, huecos, difamatorios, etc., y todo a cargo del erario. Lo que igualmente sería de un gran beneficio, es que fueran implementados medios específicos (determinados canales de radio y televisión, sitios de internet, entre otros) para que, quien así lo desee, ingrese a ellos a informarse de las propuestas de los respectivos contendientes, y que no se nos impongan todos los días y a cada momento mensajes que, más que interesarnos, las más de las veces, ante lo reiterativo que son, nos provocan desagrado.
El que en reformas anteriores le haya “temblado la mano” al Poder Legislativo federal, y que en lugar de suprimir o haber dejado como estaban los institutos estatales electorales, haya implantado una costosa y rara mezcolanza con la creación de los llamados OPLE´S, vino a evidenciar que el INE sí puede hacerse cargo de todas las elecciones que se celebran el país, sean federales o locales, pues en estas últimas actualmente interviene en un 70 u 80 por ciento de las actividades que implican los respectivos procesos electorales de las entidades federativas, gracias a la estructura que el órgano electoral nacional tiene a lo largo y ancho del país, principalmente en los 300 distritos electorales que es donde en su gran mayoría se operan las elecciones, por lo que sería un gran problema la eliminación de las juntas distritales ejecutivas y demás órganos de este ámbito territorial, como lo propone la iniciativa que nos ocupa. El sustituir esa estructura territorial permanente, por órganos y personas temporales, provocaría una improvisación que afectaría gravemente lo que se ha logrado con la especialización del personal que la labora en las juntas ejecutiva distritales.
Asimismo, es de destacar que con la supresión de los OPLE´S habría un ahorro anual de poco más de 13 mil millones de pesos, lo que es una conveniencia indiscutible. No obstante, se reitera, no debe ponerse en riesgo el buen desarrollo de los procesos electorales federales y locales con la pretendida eliminación de la estructura distrital del INE, de la que, por cierto, si bien el artículo Tercero transitorio, párrafo segundo, de la iniciativa que nos ocupa, señala que “Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Instituto Nacional Electoral, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas en los términos que determinen las disposiciones legales y administrativas que correspondan”, queda la duda de si finalmente pasarán a las filas del desempleo, pues no se vislumbra un reacomodo adecuado en otras instancias del INEC. Como lo he sostenido en otras ocasiones, una cosa son quienes dirigen al INE con sus intereses muy particulares y sus altos salarios, y otra quienes con sueldos y prestaciones modestas realizan sus labores en los estados y distritos en favor de la sociedad mexicana.
Por otra parte, aún y cuando se pudiera considerar que existen respetables integrantes de los tribunales electorales locales, lo que es una realidad, es que quienes resuelven en definitiva las impugnaciones que ante ellos se presentan, son las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que no se afectaría en mucho la justicia electoral en el país con la extinción de aquellos, salvo que no se previera el evitar que con ello se complicara y alejara de los justiciables la intervención pronta, expedita y efectiva de las mencionadas salas del TEPJF.
Respecto de la elección popular de los consejeros electorales del Consejo General del pretendido INEC, así como de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, el mecanismo que se propone definitivamente no garantiza la auténtica ciudadanización de tales instancias, pues igualmente en las postulaciones que hicieran las cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Poder Ejecutivo, se pudieran prestar a amiguismos, compadrazgos, pagos de facturas, etc. El mecanismo actual a través de la Cámara de Diputados para la designación de los consejeros mencionados pudiera perfeccionarse, al contemplar que una vez que los ciudadanos que deseen participar en la convocatoria pública ya hayan pasado los filtros correspondientes, con los que queden, así sean 20, 50, 200…, simplemente se lleve a cabo un sorteo, garantizando así que quedarían los perfiles más idóneos posibles sin imposiciones o acuerdos cupulares. Igualmente, en este proceso debería involucrarse a más participantes en la implementación, vigilancia y observancia del proceso de designación. Algo similar pudiera llevarse a cabo para la designación de los magistrados del TEPJF.
Quedan hasta aquí los comentarios a la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral formulada por el presidente López Obrador, para concluirlos en una segunda colaboración.