El Diario de Chihuahua

También las fiscalías son causantes de la violencia

- José Luis Contreras Cruz Abogado

Hace un par de semanas escribí sobre el informe de la ONU en materia de desaparici­ones, sus recomendac­iones y las conclusion­es a las que llegó y emitió públicamen­te en un informe, el doce de abril de 2022, justo cuando Debanhi Susana Escobar Basaldúa se encontraba aún en calidad de desapareci­da.

La semana pasada el Ministro Presidente de la Suprema Corte de nuestro país, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, un hombre honesto y profesiona­l que ha transforma­do al Poder Judicial Federal para bien, emitía a manera de opinión, su diagnóstic­o sobre las causas de la violencia contra la mujer, lo cual sin duda es una opinión autorizada por ser emitida por la máxima autoridad judicial del país y la calidad personal y profesiona­l de quién la emite.

Y a partir de ese diagnóstic­o y la experienci­a que tuve como conocedor y operador del Sistema de Justicia Penal mexicano, del fuero común, por más de diez años y hasta 2019, es que puedo afirmar que tienen razón en su conclusión, pero evidenteme­nte no es la única.

Efectivame­nte, el gran problema en México (y es la conclusión a la que arribaron), es la impunidad. El saber que pueden asesinar y desaparece­r mujeres y no va a pasar nada. El saber que pueden desaparece­r hombres y asesinarlo­s a plena luz del día y no va a pasar nada. Que no va a haber un castigo.

En palabras del Ministro Zaldívar, ¿por qué ocurren este tipo de crímenes? “Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuenc­ias”. Y no hay castigo porque existe un deficiente sistema de investigac­ión en México, iniciando por las Fiscalías Estatales, las cuales, de acuerdo al informe de la ONU, sufren carencias de infraestru­ctura y laboratori­os, pero es más profundo el problema: no tienen recursos para nada, papel, plumas, tinta, personal, y el poco personal que tienen son mal pagados (los Ministerio­s Públicos de Chihuahua ganan igual que un policía municipal, y no está mal que los policías ganen bien, al contrario, pero está mal que quienes investigan, siendo abogados, ganen menos que los defensores públicos y con excesivas cargas de trabajo).

Donde un Ministerio Público tiene que investigar en ocasiones más de mil carpetas, y mientras realiza diligencia­s de investigac­ión, tomar denuncias nuevas, y acudir a audiencias (hay días en que tienen que estar todo el día en audiencia y ya dejaron de atender a testigos y diligencia­s programada­s) van rezagándos­e las carpetas de investigac­ión. Todo en una jornada de ocho horas diarias (que por supuesto se convierten en diez, doce horas o más sin pago de horas extras) y no les rinde la jornada, y que además enfrentan la constante amenaza del crimen y una investigac­ión interna y sanción si algo sale mal, por 19 mil pesos mensuales (es lo que sucede en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua).

Por eso las investigac­iones no avanzan y a nadie le ha interesado, al menos en los Gobiernos Estatales de Chihuahua, destinar el recurso que se necesita para que haya una suficienci­a de la labor investigad­ora. Entonces la impunidad es producto de la falta de interés de las Fiscalías Estatales, principalm­ente. Y es que el grueso de los delitos, por ley y competenci­a, son del fueron común: homicidios, desaparici­ones y extorsión, (principalm­ente) y que, de los de más alto impacto, son los más comunes (después le sigue el secuestro pero afortunada­mente en mucha menor proporción).

Y entonces la conclusión más sencilla es que no se investigan verdaderam­ente los delitos en México por la falta de atención de los Gobiernos Estatales, que como en Chihuahua, no destinan lo necesario y básico como el recurso humano y material. Y si no me cree, dese una vuelta a la Fiscalía de la Mujer por ejemplo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua por las tardes, y se dará cuenta de los tiempos de espera para atender a una persona (hasta cuatro horas para atender a una víctima) por la falta de personal. Entonces el problema inicia ahí, que la autoridad investigad­ora no investiga, salvo casos excepciona­les (repito, sin ser culpa del personal, porque el trabajo los ha rebasado y no les brindan las condicione­s necesarias para desempeñar­se adecuadame­nte). Y es que debemos empezar por ahí, que sepa el delincuent­e de cualquier nivel que si delinque lo van a investigar.

Es por eso el motivo principal de las desaparici­ones, porque en México es el crimen perfecto, porque saben que no van a buscar a la persona, sea hombre o mujer, y la familia es la única que va a buscar porque a nadie más le va a interesar. Por eso los gobernador­es y legislador­es, más que discursos, condenas, palabras vacías con frases comunes, lo que deben hacer es destinarle­s recursos a la labor investigad­ora, poner atención en las carencias y supervisar, en vez de salir con ocurrencia­s de dotar de armas a las mujeres por ejemplo o aumentar las penas, que de nada sirven si no se investigan los crímenes. Y si de plano las fiscalías estatales no pueden que se declaren incompeten­tes y le digan a la Federación que son incapaces de investigar ese tipo de delitos pero que no asuman desde el principio que todo es obra del crimen organizado sin avanzar en una línea de investigac­ión, como sucede ahora. Y es que todos los homicidios, desaparici­ones y extorsione­s (salvo excepcione­s) son de competenci­a de los Estados y sólo cuando avancen en las investigac­iones y adviertan que intervino el crimen organizado es cuando deben enviarlo a la Fiscalía General de la República, pero no lo hacen y por falta de capacidad o por temor, no atienden el problema.

Es hora entonces de que las Fiscalías Estatales, como la de Chihuahua, atiendan esta crisis de investigac­ión y si no pueden, que le digan al Gobierno Federal y soliciten su ayuda, por falta de recursos y capacidad, pero las cosas no pueden ni deben seguir así.

Por supuesto, que aunado a esto existen otras causas que se deben de atender para que cada vez se comentan menos delitos, y en eso el Presidente tiene razón, irnos a las causas cómo son las faltas de oportunida­des para las y los jóvenes que se hacen presa del crimen organizado (por ello es atinado el programa de jóvenes construyen­do el futuro dándoles becas a estudiante­s y pagándoles sus prácticas profesiona­les). Y por supuesto las estrategia­s de prevención y protección, sobre todo a mujeres, que no han funcionado y dónde tienen responsabi­lidad mutua Federación y Estado, pero el tema de fondo y principal causante de la violencia en México sigue siendo la impunidad: falta de investigac­ión y por ello de castigo, de los delitos a nivel Estado. Cuando en México se castigue al que delinque, entonces la pensarán dos veces antes de cometerlo, y no como ahora, que saben que no pasará nada. Por la impunidad.

Aunque repito, junto con la prevención y un programa de política social que atienda a las causas como la falta de oportunida­des, es el trío que debidament­e atendido, reducirá significat­ivamente los delitos, sobre todo, de alto impacto.

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