Reforma regresiva
Después del verano caliente en 1986, cuando Fernando Baeza le ganó a Francisco Bario la gubernatura para el PRI, se generó en Chihuahua un movimiento social de gran relevancia a nivel nacional e internacional, que culminó con el triunfo electoral para el PAN en 1992; sin embargo, la elección de Maru Campos el año pasado, es considerado el proceso electoral más importante de los últimos años.
Como se recordará, la contienda electoral no se dio únicamente con los partidos de oposición, sino que además se presentó una lucha interna dentro del PAN, porque Javier Corral el gobernador, pretendió a toda costa quitarle la candidatura a Maru Campos, acusándola penalmente de cohecho, aprovechando el control de la Fiscalía, que en aquel entonces encabezada César Augusto Peniche Espejel.
De la apelación que se presentó en contra de esta vinculación a proceso, la responsabilidad recayó en el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, quien exactamente un día antes de que tomara protesta como gobernadora, consideró que no había elementos suficientes para procesarla, revocando la vinculación a proceso.
En aquel entonces también, se había acusado a Javier Corral de meter la mano en el Poder Judicial, nombrando a Lucha Castro como integrante del Consejo de la judicatura, desde donde operó el proceso de elección de jueces y magistrados, en total opacidad, conocido entonces como el cochinero judicial.
Actualmente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua es quien, a través de un concurso de oposición, propone una terna al Ejecutivo, quien selecciona a la persona que ocupará la vacante y, a su vez, la envía al Congreso para su ratificación.
En esta semana, se presentó en el Congreso del Estado, una iniciativa de reforma para modificar el proceso de elección de magistrados, donde establece la integración de un comité integrado por un representante de cada poder; es decir, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el cual propondrá una terna al Congreso de donde saldrá quien ocupe la magistratura que se encuentre vacante.
Esta reforma, es considerada como regresiva y que atenta en contra de la progresividad de los derechos humanos, además de que pone en riesgo la división de poderes y la independencia judicial en Chihuahua.
El criterio que prevalecerá sería el político, dejando a un lado el servicio profesional de carrera en la judicatura, que garantizaría que quien ocupara este cargo, contaría con la capacidad y experiencia necesaria para tal responsabilidad.
Maru Campos y su partido, tienen la gran oportunidad de garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial, al promover la participación de quienes cuentan con los conocimientos, trayectoria, experiencia y capacidad para el cargo, tanto de funcionarios judiciales como también jurisconsultos externos, integrantes del foro jurídico local.
La gobernadora ha tenido la experiencia personal de luchar en contra de una fiscalía que orientaba sus acciones bajo el interés político del mandatario en turno, hoy Maru Campos y su partido, tienen la responsabilidad como demócratas, de mejorar el sistema de administración de justicia y no permitir que se apruebe una reforma regresiva que vaya en contra de la independencia y autonomía del Poder judicial.