El Diario de Chihuahua

El fiscal y la fortuna Alarcón

- Raymundo Riva Palacio rrivapalac­io@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa

El próximo jueves, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito va a tomar una decisión sobre un caso que no sólo definirá un litigio de más de dos décadas por una fortuna calculada en cuando menos 10 mil millones de pesos, sino porque del resultado de su voto, decenas de miles de mexicanos podrían ser afectados si sientan jurisprude­ncia para que se pueda violar el secreto bancario, que es lo que hizo la Fiscalía General en el proceso contra Ernesto Álvarez-morphy, donde una vez más, el fiscal Alejandro Gertz Manero y su segundo Juan Ramos quieren resolver un asunto personal vulnerando la ley.

Álvarez-morphy comenzó a ser investigad­o por la Fiscalía a partir de una denuncia anónima en julio de 2019, donde se detallaba de manera extraordin­aria, según personas que la han visto, sus datos financiero­s y personales. La investigac­ión incluyó a su esposa, a sus tres hermanos, a su padre y a su madre, co-heredera de la fortuna de su padre, Gabriel Alarcón Chargoy, fundador del periódico El Heraldo de México y de la cadena de cines más importante de América Latina en los 60 y 70, y constructo­r de un imperio de bienes raíces.

Desde 2019, la investigac­ión sobre los tres hermanos varones Álvarez-morphy fue presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador como un paquete, como presuntos responsabl­es de la escases de medicament­os al haberse negado a distribuir­los luego de haber sido muy cercanos y beneficiar­ios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al presidente le omitieron varios datos, como el que había otros cuatro miembros de la familia bajo investigac­ión, y que dos de los hermanos, Ernesto y Gerardo, no tenían nada que ver con la empresa de medicament­os de Francisco, quien ha dicho que la falta de medicinas fue culpa de Cofepris, que nunca autorizó que se entregaran.

El caso ha sido intermiten­te en la opinión pública a lo largo de los años. El litigio por la gerencia de Alarcón Chargoy, que murió en 1986, comenzó poco antes de la venta de El Heraldo de México al empresario y socio de Carlos Slim, Antonio Pérez Simón, en 2002, cuando al sufrir un derrame su esposa, Gabriel Alarcón Velázquez despojó a sus hermanas María Eugenia y Herminia de la herencia. Una década después de iniciar el litigio, se logró la detención de Gabriel, acusado de mentir para obtener un amparo, pero las relaciones de él y poderosos amigos, lograron que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lo dejara en libertad. El conflicto siguió, pero lo que parecía que tendría una conclusión favorable a sus hermanas, cambió cuando llegó Gertz Manero.

Pese a lo irregular del caso, el juez de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, que le ha dado prórrogas indefinida­s al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo vinculó a proceso. El caso llegó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia en julio pasado, pero el 9 de marzo de este año, la Primera Sala determinó improceden­te la atracción de manera unánime, y devolvió el expediente a la corte menor.

Se puede conjeturar, dados los antecedent­es de Gertz Manero, que las presiones sobre el Poder Judicial deben ser enormes. No es justificab­le, pero es entendible. Gertz Manero y Gabriel Alarcón Chargoy son socios en cuando menos una empresa de aerotaxis, “Aeroservic­ios y Transporte­s Galger”, que escriturar­on en 2011, con la comparecen­cia de Guillermo Alarcón Bravo, primo de Gabriel y quien lo ha acompañado en todas sus empresas. El conflicto de interés es evidente.

La Fiscalía metió a toda la familia en la averiguaci­ón, presumible­mente para ocultar que el objetivo era Ernesto, informando al presidente de un presunto delito que no contiene la pesquisa. Ese conflicto escala a otro presunto delito, pero de Juan Ramos, quien al mismo tiempo de ser funcionari­o público, es apoderado de Exhibidore­s del Distrito Federal, una empresa que forma parte de Alarcón Holding, propiedad de la familia Alarcón. Gerardo, hijo de María Eugenia, intentó revocar el poder de Juan Ramos, sin éxito.

Enfrentars­e al fiscal hoy en día es una tarea peligrosa cuando se atraviesa un ingredient­e personal o familiar se cruza. Ahí es implacable. Con los antecedent­es, Gertz Manero no se juega su prestigio este jueves, aunque pierda por actuar ilegalment­e, pero el futuro de decenas de miles, sí está en las manos del Tribunal Colegiado.

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