Lo que hay detrás de la ‘defensa’ del INE

Cuando se deja de tener la posibilidad de designar a quienes dirigen una institución pública y, en consecuencia, de manejarla a su antojo, es cuando ahora sí se advierte como una amenaza para el interés social el que alguien más tenga la posibilidad de hacerlo. Tal es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) del que, junto con su antecesor el Instituto Federal Electoral (IFE), quienes por décadas hicieron lo que quisieron con esos organismos, a partir de las elecciones presidenciales del 2018 les cambió por completo el escenario, y ya no tienen la influencia necesaria para designar a quienes lo dirigen. A la fecha continúan al frente del INE quienes ellos impusieron con anterioridad, pero aún y cuando persisten las mismas reglas constitucionales y legales para su designación —que también ellos implementaron—, pues como ya no les conviene, se han vuelto “férreos defensores” de la autonomía del órgano electoral, la cual, gracias a ellos, realmente no ha existido.

En mi colaboración del mes de diciembre de 2019 “La lectura que se debe hacer de la ´defensa´ del INE”, di a conocer un texto anónimo que, dada la coyuntura de las iniciativas de reforma electoral que a nivel nacional se han venido manejando en las últimas semanas, por no haber perdido vigencia, me permitiré transcribirlo nuevamente en esta ocasión:

“El Apartado A, Base V del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el máximo órgano de dirección, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, en dicho artículo se señala que en el ejercicio de la función de organizar las elecciones, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores que deben acatar sus funcionarios. En lo que sigue, debemos estar atentos al principio de imparcialidad.

“En buena parte del presente año la mayoría de los consejeros electorales del Consejo General del INE, desde distintos foros han estado alertando a la sociedad, sobre la presunta captura o subordinación del Instituto que la fuerza política que hoy detenta la mayoría en la Cámara de Diputados del país, pretende realizar. De concretarse tal asalto a la institución, señalan, su autonomía se vería seriamente comprometida.

“Lo que no se revela en esta ´defensa´, es que en la Constitución está el diseño para nombrar a los consejeros electorales y que ese mecanismo de designación esta vez no favorece a los intereses de los partidos que en su oportunidad integraron el actual Consejo General, y que ahora están en desventaja en la Cámara de Diputados.

“Con los resultados del pasado proceso electoral la correlación de fuerzas cambió. La designación de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que terminan su periodo en abril próximo, le corresponderá al partido que llevó al poder al actual Presidente de la República y que, por sí solo o con sus aliados, posee en la Cámara de diputados las dos terceras partes para nombrarlos. Así está el diseño constitucional para la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Tal vez no sea el mecanismo más adecuado, porque deja la designación en manos de los partidos políticos, a través de sus fracciones parlamentarias; pero así ha sido siempre y, si esas son las reglas, no queda otra opción más que admitirlo, en vez de confundir a los ciudadanos.

“Ese frenético activismo de los consejeros electorales da la razón a quienes declaran que el Consejo General es un órgano político, debiendo ser exclusivamente técnico-administrativo. La circunstancia de que desde el interior se acuse ahora de una presunta captura política, a partir de la designación de los próximos consejeros o de la reforma electoral siguiente es porque tal vez, tácitamente los que están en funciones reconocen que el Instituto ha estado y sigue estando subordinado a los intereses de los partidos por los que fueron designados. Este comportamiento vulnera claramente el principio de imparcialidad que todos los funcionarios electorales deben observar.

“Cabe la presunción de que si antes se no se había hecho una defensa del Instituto, con el frenesí de estos meses, es porque quizás existía un alineamiento perfecto de los consejeros electorales con los intereses de los partidos, hoy en minoría, y que está a punto de romperse.

“Conviene recordar la integración del Consejo General que la Cámara de Diputados realizó en el 2003. En sentido estricto, sólo fueron dos partidos políticos los que decidieron su formación. A ello siguió el contexto de la exacerbada polarización política del país, para pretender bajar de la contienda electoral al personaje que ampliamente gozaba de la preferencia ciudadana rumbo a las elecciones presidenciales de 2006. Muchas instituciones públicas del país como la Presidencia de la República, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, e instituciones privadas como la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, diversas iglesias y otros poderes fácticos, se sumaron al linchamiento político del personaje que electoralmente estaba mejor posicionado. Como pretexto, se le acusó de desobedecer una sentencia judicial.

“Ese fue el contexto en el que se mandaron al diablo ´sus instituciones´, esas instituciones subordinadas y desviadas de sus fines públicos. No se mandaron al diablo ´las instituciones´, como perversamente se quiso y se sigue haciendo creer. De lo que hay certeza es que el comportamiento de todas estas instituciones, públicas o privadas, no fue democrático y tampoco fueron demócratas los personajes que las dirigían. Tal vez se añoran esos tiempos.

“No hay razones para rasgarse las vestiduras. Si es cierto lo que ahora se señala, de que existe un propósito de captura o subordinación de la institución, entonces tenían razón los actores políticos que en su tiempo acusaban de parcialidad al Instituto. Lo que se diga en sentido contrario, será pura retórica doctrinaria o academicista”.

Ojalá que con la anunciada reforma electoral se hagan los cambios a que haya lugar, para que los órganos electorales efectivamente sean autónomos y atiendan a las necesidades de la sociedad, por encima de los intereses de los partidos políticos.