‘Duplicó Corral deuda por la Ciudad Judicial’
Se comportó deshonestamente y abusando de su posición al no entregar a las empresas los recursos que les correspondían: Chávez
La administración de Javier Corral Jurado incrementó la deuda que se tenía con el consorcio constructor de la Ciudad Judicial en 333 millones de pesos, ya que se negó a cumplir con el pago al que se le condenó en sentencia firme, ratificada por tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El abogado y exfuncionario Arturo Chávez Chávez, que representó a las cinco empresas que desde agosto de 2016 demandaron por la vía mercantil al Gobierno del Estado por incumplir el pago de 333 millones de pesos por edificar el Centro de Justicia, señaló que Javier Corral insiste en mentir para perjudicar a la ahora gobernadora María Eugenia Campos Galván.
No sólo mintió, sino que además es el verdadero responsable de que los chihuahuenses deban desembolsar 333 mdp más para cubrir el pago de servicios contratados por el Estado”
El exmandatario declaró en medios nacionales que Campos Galván fue defendida por Chávez Chávez durante el proceso que se abrió en su contra por la llamada nómina secreta y que, tras haber sido absuelta, pactó con su defensor el pago de 513 millones de pesos por un litigio que no debía costar más de 300 millones.
En este sentido, Arturo Chávez subrayó que Corral no sólo mintió, sino que además es el verdadero responsable de que los chihuahuenses deban desembolsar más dinero para cubrir el pago de servicios contratados por el Estado.
Explicó que en 2016 su despacho asumió la representación de las empresas Ingeniería y Diseño Van, S.A. de C.V., Desarrollos Alianza S.A. de C.V., Afirma Inmobiliaria S.A. de C.V., Arve Constructora S.A. de C.V. y el particular Jorge Arturo Moreno Torres, porque tras estudiar el caso, les quedó claro que había un adeudo que debía pagarse. Abundó que el monto o suerte principal por el que se inició el litigio correspondía a los pagos pactados con el gobierno estatal desde 2016, sin embargo, el total del adeudo también comprende los gastos financieros y otras prestaciones que aumentaron durante el tiempo en que gobierno se negó a pagar pese a que ya estaba obligado a hacerlo, por lo que la condena final resultó de 663 millones de pesos. Recordó que en septiembre de 2021, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, promovió el juicio de amparo 1445/2021 ante el Juzgado Tercero de Distrito para combatir los medios de apremio que se practicaron para lograr la ejecución de la sentencia.
“La cantidad que se reclamó en 2016 era significativamente menor a la que fueron condenados porque el transcurso de tiempo genera un cargo y ese cargo, y lo quiero dejar en claro, fue por el actuar irresponsable de Javier Corral que obliga a los chihuahuenses a desembolsar una cantidad de la cual él es el responsable”, acotó.
Por ello, consideró que Javier Corral incurrió en responsabilidad administrativa que, en su caso, deberá ser determinada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de que se comportó deshonestamente y abusando de su posición al no entregar a las empresas los recursos que les correspondían por la prestación de un servicio. El abogado refirió que de las cinco morales que participaron en la construcción de la Ciudad Judicial, tres de ellas, todas de la capital, se fueron a la quiebra, dejando a cientos de personas desempleadas, por el abuso que cometió el exgobernador.
“Personas que durante 30 o 40 años habían constituido un patrimonio, todo se evaporó por una actuación irresponsable. Desde mi perspectiva una personas que pide, consume y no paga no puede decir que es una persona honesta. Si el gobierno le pedía a la gente que le proveyera de bienes y servicios y no se los pagó, es una deshonestidad porque estaba abusando de su poder y posición y creo que tan corrupta es una personas que absuelve a un culpable como aquél que busca condenar a un inocente”.
Se coloca como el estado número 12 de competitividadntualizó que cuando se le prestó representación legal a Maru Campos Galván por las acusaciones que hizo en su contra el gobierno de Corral fue porque el despacho, integrado también por Fernando Antonio Lozano Gracia y Francisco Javier Molina Ruiz, estudió el caso y consideró que la imputación era injusta, lo cual quedó corroborado por el tribunal que revocó el auto de vinculación a proceso en contra de la gobernadora.