Watergate tropical
En junio de 1972, hace 50 años se descubrió que las oficinas del Partido Demócrata en la ciudad de Washington, DC, habían sido intervenidas por agentes del gobierno. En ese momento, se consideraba inconcebible que un gobierno que resultó electo para cumplir y hacer cumplir las leyes, fuera el primero en violarlas. En ese momento, no solo se violentaban disposiciones legales vigentes, sino que se evidenciaba el establecimiento de un estado policial dedicado a perseguir a enemigos políticos.
Ese escándalo, conocido como el escándalo de Watergate desató una serie de consecuencias y acusaciones por el atrevimiento de quienes en ese momento gobernaban. La consecuencia final fue la renuncia del entonces presidente Richard Nixon.
Sucede que 50 años después, ahora en nuestro país, para muchos resulta normal que el Estado vigile a sus ciudadanos, y especialmente que el Estado, con el aparato que está destinado a proteger a dichos ciudadanos, se dedique a perseguir enemigos políticos. Por ello, no es de sorprenderse que las cifras de inseguridad se encuentren como se encuentran en México. Los aparatos de procuración de justicia no están al servicio de los mexicanos, en este gobierno de impunidad; están al servicio de quienes hoy ostentan el poder.
De manera particular en el Estado, el régimen de corrupción, tortura y represión encabezado por Javier Corral Jurado, desde 2016, utilizó tecnología de punta para intervenir llamadas telefónicas de sus enemigos políticos, para así proceder a detenerlos y someterlos a tortura con el aval de jueces a modo. Esta práctica además de ser ilegal, resulta digna de un régimen como Corea del Norte, no de un Estado que se precia de ser democrático.
Naturalmente, esas prácticas no son exclusivas del Estado de Chihuahua. La Federación las ha utilizado de manera recurrente. En días recientes circularon diversos audios donde se escucha al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, expresar diversos hechos que pudieran ser considerados como ilegales. El líder partidista aclaró que los audios se encuentran manipulados, y presentó una denuncia de hechos por la intervención y divulgación de dichos audios.
Al margen de este tema, resulta gravísimo advertir cómo se ha establecido un estado de represión en México. Lo que hace 50 años resultó un escándalo que terminó por tirar a un presidente en Estados Unidos, en México parece ser un tema de todos los días. El mismo George Orwell, creador de la magnífica y visionaria novela “1984” estaría anonadado de ver lo que sucede en México en esta época.
Lo grave de este asunto es que, por más que se filtran esta clase de audios (desde el asunto del Gober Precioso hasta la fecha) ningún responsable ha enfrentado la justicia por dichas filtraciones. Parecería que la ley es letra muerta en cuanto a esta materia, simplemente porque se “revelan injusticias” o “presuntos actos de corrupción”. Resulta muy fácil sacar de contexto cualquier audio y echar a andar a la masa para linchar a algún personaje público.
Quien interviene comunicaciones sin autorización judicial, viola la ley; quien divulga el contenido de una escucha ilegal, también viola la ley. Sin embargo, nunca ha habido una sanción para estas conductas, ni para las conductas que se conocen a partir del contenido de los audios revelados. Parecería pues que la intención de quienes filtran es casi siempre política. Creo que no podemos seguir ignorando la ley, pues si bien las situaciones que se evidencian pudieran ser graves, es igualmente grave violar la ley para obtener determinadas conversaciones. Es decir, no podemos violar la ley para pretender castigar presuntas violaciones a la ley.