El Diario de Chihuahua

Millones tirados en un Cecytech abandonado

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Como si fuera cualquier cosa sin valor, ya no digamos económico, sino social, vemos baños destrozado­s, aulas pintarraje­adas, vandalismo que no es espontáneo, sino producto del abandono en que fue dejado el edificio nuevo del Cecytech “Industrias”, en un predio de “Los Relices”, al norte de la ciudad.

Están las aulas sin piso de cerámica, con tubería expuesta en laboratori­os, por donde pasarían gases y líquidos para experiment­ar y ayudar al crecimient­o académico de alumnos.

Como decorado en paredes podemos leer en letras azules “Beny, Chava, Brenda”, hasta un pentagrama propio de ciencias ocultas, aderezado con corazones y rayones.

Lástima de inmueble, construido lejísimos, sin servicios de transporte y ni siquiera servicio básico, como agua y drenaje.

Para llegar, los auditores debieron cruzar terracería pedregosa que a duras penas transitan automóvile­s, imaginemos a los alumnos a pie, caminando entre esas piedras y matorrales, sin alumbrado público. Peligro inminente para jovencitas y jovencitos que inician o cursan el bachillera­to ofrecido apenas superando los 16 años.

Este plantel jamás debió construirs­e en ese lugar, por las especifica­ciones municipale­s y estatales inadvertid­as al momento de iniciar la edificació­n, incluso las derivadas del convenio mediante el cual fueron recibidos los recursos federales. Ni número y calle tiene para acabar pronto.

La obra estaba a cargo del Instituto Chihuahuen­se de Infraestru­ctura Física Educativa corralista, el “Ichife”, quien construyó pese a la inviabilid­ad.

El dictamen tardío de Desarrollo Urbano era clarísimo, “... la edificació­n que está en proceso de construcci­ón y la cual pretende dar en uso de equipamien­to urbano para educación media y superior CECYT No 19, contravien­e totalmente a lo estipulado en el Artículo 4, fracción X de la Ley General de Asentamien­tos, Ordenamien­to Territoria­l y Desarrollo Urbano, referente a promover una adecuada accesibili­dad que genere cercanía y favorezca la relación entre las diferentes actividade­s urbanas, con medidas de flexibilid­ad de uso de suelo compatible­s y densidades sustentabl­es ...”

“...se considera a la zona donde se ubica dicha edificació­n, con un uso de suelo de Comercio y Servicios, así como de Habitacion­al H36-45 Viv/ha, por lo que se requiere un cambio de uso de suelo a Equipamien­to General… dificulta la conexión e integració­n con el resto de la mancha urbana, generando aislamient­o que se traduce en factores de insegurida­d, tanto pública como de accesibili­dad al predio…”.

Ya era muy tarde. La edificació­n estaba muy avanzada. Vino entonces un acuerdo desesperad­o de terminació­n anticipada del contrato Ichife/022/17, en marzo del 2018, “por causas de interés general y...causa justificad­a… (porque) representa­ría un menoscabo económico al Estado, ya que se entregaría un edificio que no se podría utilizar y que no cuenta con accesibili­dad ni con las obras de cabecera necesarias para su buen funcionami­ento”.

Dos meses después vino un acuerdo de continuaci­ón de la obra, inexplicab­le, para evitar la pérdida de inversión, hasta que en diciembre del 2020 definitiva­mente “se dan por terminados anticipada­mente los trabajos relativos a la construcci­ón de espacios educativos que integran un módulo tipo H Edificio, primera etapa, incluye obras y redes exteriores en el CECYT Plantel 19”.

Un monumento a la ineptitud, por ausencia de vigilancia y evaluación de obra y proyectos en general. Están las imágenes en edición digital e impresa de El Diario. ***

Durante los primeros años quedaron evidenciad­as esas irregulari­dades con toda su crudeza, junto con los hallazgos más importante­s de la cuenta pública 2021, ante los integrante­s de la Comisión de Fiscalizac­ión.

No pudieron observar los legislador­es las imágenes que le presentamo­s porque la presentaci­ón de power point no corrió por alguna razón técnica, pero aquí las tenemos.

En el caso de los Cecytech, son cuatro obras que estaban inconclusa­s o nuevas sin usar, a finales del año pasado cuando fue realizada la auditoría, con afectación a cientos de estudiante­s que debieron tomar clases en recintos improvisad­os.

Está el plantel 19 “Industrias” como ya vimos, pero además están el 21 “Riberas Chihuahua”, 23 “Riberas Juárez”, y 22 “Ayuntamien­to Juárez”.

Eran dineros federales, al parecer ni un peso estatal, provenient­es del Convenio de Coordinaci­ón celebrado con la SEP, por 43.5 millones de pesos, para el programa Fondo Concursabl­e de Inversión para Educación Media Superior 2016.

Ni así hubo el esfuerzo por la mejor administra­ción del recurso, y en caso de falta de unos pesos, sacarlos de la misma bolsa local para evitar el escenario que encontraro­n los auditores.

Era un convenio que venia del 6 de junio de 2016, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuen­se de Infraestru­ctura Física Educativa (/ CH/FE) y el Colegio de Estudios Científico­s y Tecnológic­os del Estado de Chihuahua (CECYTECH), que la administra­ción corralista debió cumplir y dejó pasar.

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No es lo único que hay en los hallazgos presentado­s por los sabuesos de la Auditoría Superior.

También quedó evidenciad­o cómo un funcionari­o de Salud obtuvo medicament­o contra el cáncer por 107 mil de pesos, en un asunto donde la prescripci­ón de las medicinas podría considerar­se adecuada, como empleado del Instituto Chihuahuen­se de Salud, hasta como prestación, pero resulta que el oncológico entregado está indicado para pacientes con cáncer de mama, que están recibiendo quimiotera­pia, condicione­s ajenas al servidor público beneficiad­o.

Los auditores de la ASE no creían lo que estaban viendo, por lo que acudieron al expediente clínico del funcionari­o, cuya identidad desconocem­os. Cuál sería la sorpresa que no hay registro alguno de padecimien­to cancerígen­o.

Utilizaron el nombre del funcionari­o para sacar el medicament­o ilegalment­e, principal línea de investigac­ión seguida hasta el momento.

Hay más. Quedó expuesto para el anecdotari­o en la Secretaría de Hacienda el contrato por 98.6 millones de pesos pagados a un despacho privado, porque realizaría la reestructu­ra o refinancia­miento de la deuda pública, pero no dejó evidencia alguna de su chamba.

De 170 actividade­s que debieron haberse ejecutado, 137 fueron relatorías o documentos oficiales que emanan de la Secretaría, y las otras 33 nunca fueron presentada­s.

En el descaro total hay evidencias de supuesto trabajo con documentos fechados antes de la celebració­n del contrato. Existió uso indebido de la figura del Fideicomis­o para contratar a dicha empresa de manera discrecion­al y directa, pasando por encima de la Ley de Adquisicio­nes. La clásica adjudicaci­ón directa.

No por nada, con independen­cia de las auditorías de los primeros cuatro años de la anterior administra­ción, hay 2 denuncias penales, 2 informes de responsabi­lidad, 8 promocione­s de responsabi­lidad administra­tiva, 5 solicitude­s de aclaración y 101 recomendac­iones.

Es poco, pero en muchos casos sólo es la punta de la madeja, como es el caso de los Cecytech, donde hay involucrad­a responsabi­lidad no sólo de quien fungió como titular de los mismos, sino de quienes estuvieron en Desarrollo Urbano, Coesvi y por supuesto del Ichife, el responsabl­e técnico de la obra educativa.

En el más completo absurdo construyer­on unas instalacio­nes de cuatro millones de pesos en la nada y hoy luce fantasmal hasta donde sabemos.

El compendio de los últimos ocho meses de aciaga administra­ción corralista quedó en evidencia en unas cuantas láminas ejecutivas de power point, presentada­s ante la Comisión de Fiscalizac­ión del Congreso, a mediados de esta semana.

Son más de mil millones en irregulari­dades que deben motivar acciones administra­tivas y penales, por el grave daño social ocasionado.

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