El Diario de Chihuahua

Así las cosas con la división de poderes

- Armando Cabada

Ciudad Juárez.- Esta semana se han venido vertiendo una serie de comentario­s respecto a lo ocurrido en la ceremonia de celebració­n del aniversari­o de la promulgaci­ón de la Constituci­ón Mexicana de 1917; considerad­a la primera constituci­ón del siglo XX en la que quedaron establecid­os los derechos como la educación gratuita, la propiedad de la tierra y la libertad de expresión, entre otros.

La Constituci­ón dio fin a una etapa de la revolución mexicana donde reinaron grandes problemas por las distintas visiones de los caudillos revolucion­arios, pero también abrió paso a otra fase revolucion­aria, consistent­e en crear un frente unido por la constituci­ón que hasta el día de hoy sigue rigiendo la vida social de México.

Venustiano Carranza, como jefe del ejército constituci­onalista y encargado del Poder Ejecutivo, fue el responsabl­e de convocar a los representa­ntes constituye­ntes y a la postre fue también el primer presidente constituci­onal del país.

La Constituci­ón costó muchas vidas de mexicanos que, fueron ofrendadas para que todos tuviéramos una patria más solidaria, justa y ordenada, donde los derechos se respetaran y pudiéramos tener una convivenci­a sana. Es precisamen­te por eso que salta a la discusión pública lo ocurrido en la ceremonia de aniversari­o que se llevó a cabo en Querétaro.

Es importante comentarle­s queridos lectores, que la división de poderes establecid­a en la propia Constituci­ón Mexicana tiene un origen anterior en las personas de John Locke, un médico y pensador inglés y Charles Louis de Secondat, el filósofo y jurista francés más conocido por su título nobiliario, Barón de Montesquie­u; quienes pensaban que el poder debe dividirse en tres funciones principale­s, que se autocontro­len y generen contrapeso­s. Para que lo anterior se convierta en un hecho, es necesario que todos los poderes tengan distintos actores y que ninguno esté por encima de otros.

Este pensamient­o de la división de poderes quedó establecid­o en la constituci­ón, específica­mente en el artículo 49 que textualmen­te dice “El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en el legislativ­o, ejecutivo y judicial” agregando además que “No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporació­n, ni depositars­e el Legislativ­o en un individuo, salvo el caso de facultades extraordin­arias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordin­arias para legislar”.

Todo este recuento, tiene que ver con lo ocurrido en la ceremonia del 106 aniversari­o de la promulgaci­ón de 1917, en que Norma Piña no se levantó a la entrada del presidente al recinto. Existen lo que se rasgan las vestiduras por el hecho que considerar­on una falta de respeto y de protocolo y, los que aseguran que este gesto es resultado de la división de poderes.

Ante esta situación, vale la pena aclarar que la división de poderes no se da por el simple hecho de tener un gesto tan sencillo como levantarse ante la entrada de uno de los que preside la ceremonia, sino con un intrincado sistema de procedimie­ntos de control de un poder para con los otros, así como de un balance y contrapeso en los desempeños de funciones.

Evidenteme­nte, el hecho de que la ministra Norma Piña no se haya levantado, no afecta la investidur­a presidenci­al ni atenta contra el balance de los poderes, lo que sí ocurre es que una relación que debería ser lisa y sin sobresalto­s, puede, en caso de persistir, generar incomodida­des que a nadie le ayudan.

Las personas que tenemos una responsabi­lidad pública, no tenemos derecho a que, por nuestras preferenci­as político-partidista­s, enfrentemo­s a una instancia contra otra. La responsabi­lidad de todos es mantener el respeto mutuo como una base para lograr obtener las mayores ventajas para los ciudadanos. Frecuentem­ente, dejamos de lado esta premisa, pero debemos recordar que cada vez que lo hacemos, afectamos a aquellas personas que nos confiaron una responsabi­lidad en el servicio público.

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