El Cereso y los derechos humanos
Ciudad Juárez.- Mucho se ha hablado en la entidad y en otros lares, sobre los sucesos ocurridos el pasado 1 de enero en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez, cuyo saldo inmediato fue de 17 personas muertas, 30 internos evadidos y una ciudad paralizada.
Tras la conmoción que se vivió desde el ámbito ciudadano y que también sacudió fuertemente al aparato gubernamental en Chihuahua, fue necesario realizar acciones de forma y fondo para enviar el mensaje de que la situación estaba finalmente bajo control y que a partir de los hechos, no se permitirían las malas prácticas que habían prevalecido hasta el oscuro día de la fuga.
Entre esas acciones podemos destacar en primer término el cambio de titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, pues había quedado más que demostrado que un área tan compleja como esa, requería un perfil técnico y con experiencia de campo. El 25 de enero el Congreso estatal aprobó el nombramiento del nuevo fiscal con 23 votos a favor, emitidos por los legisladores de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional; la bancada de Morena y 10 de sus diputados votaron en contra, con excepción de la actual presidenta del Congreso.
Posteriormente, el 30 de enero el Congreso estatal aprobó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones, que fue enviada por la gobernadora y cuyo propósito era desincorporar al Sistema Penitenciario de la Fiscalía General para incorporarlo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Con este cambio se replica el modelo federal, pues los Centros Federales dependen orgánica y presupuestalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Un tercer cambio importante ocurrió el 31 de enero, cuando se designó como encargados de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal y de la Dirección de Centros de Reinserción Social al general en retiro Ricardo Hernández Acosta y al comandante Ricardo Realivazquez Domínguez, respectivamente; ambos con experiencia de años en áreas de seguridad pública y justicia penal.
Asimismo, el 4 de febrero la titular del Poder Ejecutivo realizó un acto simbólico en el que se firmó un Pacto por la Prevención con la sociedad civil organizada, el empresariado chihuahuense y otros sectores. La idea principal fue vincular a la ciudadanía con el Proyecto Centinela y hacerlos copartícipes y corresponsables para lograr un estado donde impere el orden, la justicia y exista seguridad ciudadana.
Fue un evento al que asistieron integrantes de las principales organizaciones de la sociedad civil que diseñan e implementan proyectos de prevención, principalmente con las juventudes locales, y que también contó con la asistencia de representantes de los gobiernos federal y municipal, así como asociaciones religiosas, redes de prevención, padres de familia, directivos escolares y universitarios, entre otros, a quienes se presentaron los cinco ejes de la estrategia: el fortalecimiento de la prevención basada en evidencias, la efectiva coordinación, profesionalización, políticas públicas y la generación de gobernanza. De manera deliberada dejamos una quinta acción realizada por las autoridades estatales al final de este recuento, aún y cuando fue la reacción inmediata tras la fuga: las exhaustivas revisiones a las instalaciones del Cereso No. 3 y la “limpia” que se ha llevado a cabo celda por celda. Dichas revisiones se han extendido a otros centros estatales, incluyendo el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores y el Cereso de Aquiles Serdán en Chihuahua.
En días recientes la opinión pública ha discutido ampliamente el tema de los hallazgos al interior del centro penitenciario, así como el “descubrimiento” de un túnel-puerta-acceso (hay versiones oficiales encontradas) por el que se presume, habrían ingresado las centenas de objetos prohibidos, entre los que destacan armas punzocortantes, bombas molotov, aparatos telefónicos y de radiocomunicación, drogas, aparatos electrónicos de todas formas y dimensiones, dinero en efectivo, mascotas, e incluso implementos de diversión como el ya famoso toro mecánico.
Las notas periodísticas, las publicaciones de algunos servidores públicos y los propios informes oficiales, confirmaron lo que ha sido un secreto a voces por décadas, pues los centros de reinserción social del estado son espacios en los que se conjuntan tres fenómenos complejos.
Nadie pone en tela de juicio la necesidad de destruir armas, drogas, aparatos telefónicos o aquellos que impliquen un riesgo para los propios internos o para la sociedad en general. Sin embargo, nos parece excesivo el retiro y aseguramiento de artículos de primera necesidad en una ciudad con clima desérticoextremo como el de Juárez, tales como garrafones de agua, ventiladores, calefactores, chamarras o cobijas.
Si bien es cierto que existe un Reglamento Interior que prohíbe la posesión de algunos de esos artículos (no todos), también es cierto que las personas privadas de la libertad deben gozar de todos los derechos que les otorga la Constitución y los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese sentido invitamos a las autoridades penitenciarias a repasar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que es la que establece las normas que deben observarse durante la prisión preventiva o la propia ejecución de penas-, y también las reglas 1, 2, 3, 4 y 5 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
De acuerdo con los citados documentos, la privación de la libertad debe “reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser humano”. No olvidemos que en los Ceresos hay personas sentenciadas, pero también algunas que están sujetas a proceso y sobre las que no pesa aún la sentencia de responsabilidad penal. Además, en un sistema de justicia tan imperfecto como el nuestro, bien puede haber personas inocentes tras las rejas.
Es necesario evolucionar y dejar a un lado la visión punitiva que ha caracterizado al sistema penitenciario en México; no se gana nada manteniendo a los casi nueve mil internos de los centros penitenciarios en Chihuahua en condiciones inhumanas. La reintegración social es un proceso al que hay que apostarle y que debe sustentarse en el reconocimiento de la dignidad de las personas y en el respeto pleno a los derechos humanos.