A nueve años de la paridad
Ciudad Juárez.-el camino para el reconocimiento de los derechos políticoselectorales de las mujeres ha estado lleno de obstáculos, resistencias y expresiones discriminatorias que tratan de equiparar las condiciones desiguales, pues apenas tenemos 68 años emitiendo nuestro sufragio: “las mujeres”.
Hace ya varios años, rehén (sin darme cuenta) de una ideología diseñada para aceptar que fuésemos las mismas mujeres quienes limitáramos nuestros derechos, envueltas en la bandera de la meritocracia. Yo misma pensaba que era más satisfactorio llegar a una posición de elección popular como fruto del trabajo realizado y no por cubrir un porcentaje obligado establecido por la ley.
¡Qué equivocada estaba! Lo cierto es que las oportunidades para acceder a la vida política del país y a la mayoría de los ámbitos de toma de decisiones que trasciendan a la transformación de la nación, ya sea desde una perspectiva judicial, en la conformación de un gabinete gubernamental o inclusive en el mismo empresariado. Las posiciones de toma de decisiones no llegan por reconocimiento. Creer en la meritocracia es no reconocer que, históricamente, hemos sido discriminadas y negar las luchas que han reivindicado la valía de las mujeres por el simple hecho de formar parte del Estado.
La línea discursiva se mantenía por el camino en el que los hombres tenían más experiencia que las mujeres: como no había de ser así, si aun en la actualidad hay profesiones que están diseñadas para un sexo en lo particular y los estereotipos de género intentan enfocar las habilidades de las personas con esa perspectiva.
Las mujeres podían competir, pero en las posiciones que eran escogidas por las dirigencias partidistas y, por lo general, en espacios que tradicionalmente el partido perdía. Nuevamente, bajo la narrativa de picar piedra y del merecido reconocimiento que los señores políticos (la cúpula política) ya se habían ganado, asumíamos que les correspondían los escaños distritales de mejor votación.
De ahí que el parámetro de regularidad constitucional, derecho a la igualdad y principio constitucional de paridad de género en el ejercicio del poder público tiene gran valía.
En 2013, a pesar de tener desde los 13 años participando en política, yo llegué a una candidatura por este principio del que no me sentía merecedora por haber renegado de él en alguna ocasión. La candidatura del Distrito Local 07 que tuve el honor de representar ya estaba entregada a un hombre de mucha experiencia en el servicio público, pero al hacer el recuento estatal, ocurrió lo que la evidencia manifiesta: sobraban hombres y faltaban mujeres; yo buscaba la posición, tenía mis papeles y estuve en momento, tenía el apoyo y estaba en el lugar indicado. Eso pudo consolidar mi candidatura y posteriormente logré ser diputada local. Vale la pena hacer notar que con quien contendía, después fue presidente municipal de Juárez.
Con lo anterior, no descalifico el trabajo de millones de mujeres que se abrieron camino dentro de la política, todo lo contrario, me parece que es doblemente complicado incursionar en un ámbito de por sí abstracto, pero sin este paradigma constitucional en la integración de los Poderes Públicos, esos esfuerzos podrían ir enfocados en la carrera de hombres que ostentarían el cargo y mujeres que trabajan por él.
En este aniversario del principio de paridad de género, es el momento para reflexionar en los criterios para verificar su cumplimiento en todas las esferas y en todos los niveles. De tal suerte que, la efectividad de esta disposición constitucional, que es una lucha por la que diariamente trabajamos, sea incuestionable. Aspiro a que llegue el momento en el que la vigilancia por parte de la autoridad sea un mero trámite.
La lección es clara, la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres es con el reconocimiento expreso en la ley. La aplicación inequívoca del principio y regla de paridad en la integración de todos los espacios de decisión es el siguiente paso.