Admiten denuncias por daño al erario por $180 millones
Debido a la inacción de exfuncionarios de la Función Pública que derivó en la prescripción de expedientes, el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA) admitió dos casos por un presunto daño al erario por 180 millones de pesos, informó Juan Miguel Rivera Ortega titular del Órgano de Control Interno de la SFP.
El funcionario dijo que, este órgano se creó en la presente administración precisamente para tener un control sobre el personal de la dependencia y ha iniciado 209 acciones de investigación de las cuales, en 101 existe presunta responsabilidad de los exservidores que podría alcanzar un daño al erario de hasta 650 mdp.
De las 209 investigaciones iniciadas por el Órgano de Control Interno, alrededor del 10 por ciento corresponden a funcionarios de la presente administración estatal, cuyos expedientes aún se encuentran en la fase de las indagatorias.
El resto corresponde a funcionarios de la administración de Javier Corral, durante la cual, la Secretaría de la Función Pública, tuvo dos titulares, siendo Stefany Olmos y Mónica Vargas quienes se desempeñaron al frente de esta dependencia, las investigaciones tienen que ver con obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, inactividad en expedientes y ejercicio indebido de funciones.
Entre los casos que prescribieron por inactividad, se encuentran 37 expedientes iniciados en contra de exfuncionarios de la administración 2010-16 por un monto de 1,750 millones de pesos, los cuales se investigaron bajo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, abrogada en julio de 2017, ante esto, en su momento, la entonces titular de la Función Pública Mónica Vargas se justificó diciendo: “No teníamos una bola mágica para adivinar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos años después, iba a emitir una jurisprudencia contraria a la tesis que Asuntos Jurídicos tomó como referencia para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa”.
Así mimo, Rivera Ortega, explicó que, de las 209 investigaciones se establece un presunto daño al erario por 650 mdp y estos fueron resultado de auditorías realizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como por la Auditoría Superior del Estado (ASE), sin embargo, los exfuncionarios de la Función Pública, no dieron seguimiento, o a pesar de que iniciaron los expedientes, no se les dio continuidad y terminaron por prescribir.