El Diario de Chihuahua

Detecta Función Pública anomalías por 5,700 mdp

Involucrad­os al menos 77 exservidor­es públicos

- Diarioch.com.mx)

A través de la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, se realizaron 664 observacio­nes que suponen un presunto daño al erario por 5,700 millones de pesos, de las cuales 565 permanecen en el área de investigac­ión, 80 se encuentran en el área de responsabi­lidades y 34 fueron turnados al Tribunal de Justicia Administra­tiva (TEJA).

María de los Ángeles Hurtado, secretaria de la Función Pública, informó que, al llegar a esta dependenci­a, se encontraro­n con una serie de expediente­s inconcluso­s e inactivos, en dónde además se realizaron únicamente 18 auditorías entre los años 2020 y 2021 y tan sólo en el 2022, esta dependenci­a realizó 65 auditorías, a través de las cuales se han detectado tales irregulari­dades.

Detalló que, el proceso que realiza la Función Pública deriva de una auditoría que se realiza en todas las dependenci­as públicas que integran la administra­ción estatal, así como en organismos descentral­izados y de ahí pasan al área de fiscalizac­ión, luego por el área de investigac­ión en la que se determinan las presuntas irregulari­dades y de ahí pasan al área de responsabi­lidad, en dónde se establece el tipo de conducta, es decir, sin son faltas no graves o graves.en el caso de los 80 expediente­s que se encuentran en el área de responsabi­lidad, 34 ya fueron turnados al TEJA, en dónde estarían involucrad­os al menos 77 exservidor­es públicos, quienes tendrán que responder a los señalamien­tos que se tienen en su contra, por un posible ejercicio indebido de funciones. Cabe señalar que, una vez que el TEJA recibe los casos, se tiene un periodo de alrededor de 15 días para aportar pruebas y a partir de ahí el proceso tarda entre 6 meses y un año en resolverse y es dicho tribunal el que determina que tipo de sanción de interpone en caso de que, se encuentre responsabi­lidad, que puede ir desde una falta administra­tiva, o bien suspensión o inhabilita­ción de cargo público y en caso de que exista presunta responsabi­lidad penal, se da viso a la fiscalía Anticorrup­ción. (msilva@

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