Debe Senado escuchar a agricultores ante uso de plaguicidas
Agricultores chihuahuenses se enfrentan a situaciones complicadas por las regulaciones en materia de uso de plaguicidas, por lo cual es momento de socializar las leyes. Así como también de escuchar a las diversas organizaciones de productores del estado de Chihuahua, quienes tienen mucho que abordar en torno a reformas y adicionamiento de las leyes que establecen el uso de estas sustancias.
Actualmente son la Ley General de Salud, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente las que tocan el tema, lo que indica una alta regulación que muchas veces no atiende a la realidad y necesidades de nuestros agricultores, aunque si bien, lo que buscan las autoridades, es una regulación histórica que privilegie la actividad agrícola, la salud humana y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, la propia Unión de Fruticultores (Unifrut) ha expuesto una serie de conflictos que se prevé existan durante el presente año para el sector primario, esto a consecuencia de lo que calificó como malas prácticas de las políticas públicas del Gobierno de la República.
De ahí que los productos fitosanitarios aseguran una mayor y mejor producción de alimentos y otros cultivos en beneficio del bienestar de la humanidad. Sin agroquímicos la producción mundial de frutas y vegetales, forrajes y fibras caería un 40% por la acción de plagas.
Entonces, una plaga más o una enfermedad más casi puede significar la diferencia entre continuar en la producción de alimentos o retirarse.
Una mayor producción agrícola se traduce en una reducción de costos para el consumidor final y por lo tanto en mayor acceso a los alimentos por parte de la población mundial.
No obstante, ante la falta de un marco regulatorio general, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) debe contar con un instrumento moderno en el uso de plaguicidas.
El propósito es que esta normativa sea equivalente a cualquiera de las que han sido exitosas en el mundo y que favorezca la actividad agrícola, la protección al medio ambiente y la salud de los humanos.
Y es que todos sabemos que la agricultura depende, en gran medida, de la Industria Química Orgánica, a través de la producción de fertilizantes nitrogenados, plaguicidas y reguladores del crecimiento vegetal.
Los plaguicidas, a diferencia de otros grupos de sustancias, han sido diseñados específicamente para controlar o matar un tipo específico de organismos vivos. Por ello, se trata de sustancias con una toxicidad intrínseca que, por lo tanto, deben estar sujetas a una regulación estrecha y bien coordinada, que busque minimizar los riesgos que se puedan derivar de su manejo, sin afectar las actividades productivas que de una u otra manera dependen de ellas.
De esas actividades, la agricultura es sin duda en la que se presenta el uso más extendido de estas sustancias; sin embargo, no puede dejarse de lado el control que debe haber también para los usos pecuario, forestal, industrial, urbano, en salud pública y doméstico.
Para la comercialización de estos productos, el Gobierno de México, a través de sus dos agencias sanitarias: Senasica y Cofepris, exige que los plaguicidas cuenten con un registro que compruebe su seguridad y eficacia.
Los fertilizantes están basados fundamentalmente en productos inorgánicos (amoniaco, nitrato de amonio y sulfato de amonio) aunque incluyen también productos orgánicos como la urea. Los reguladores del crecimiento, que se utilizan para mejorar el enraizamiento y el volumen de las plantas, constituyen sólo una pequeña parte de los productos agroquímicos. En cuanto a los plaguicidas constituyen la parte más importante de la Industria Agroquímica.