La deuda pendiente de Genaro García Luna

Ciudad de México— Concuerdo con todos los que sostienen que el proceso contra Genaro García Luna no era un juicio contra una persona, sino contra todo un régimen. Una forma de hacer política que poco a poco estamos desterrando. Desafortunadamente hay daños irreparables.

Hay muchos motivos para aplaudir el veredicto en contra de García Luna. Como abogada, puedo decir, que no hay virtud más preciada que la justicia. Desde hace muchos años era una verdad sabida por todos, la participación de las autoridades encargadas de nuestra seguridad en el tráfico de drogas y en el crimen organizado. Ha sido un paso importantísimo para romper el pacto de impunidad.

Pero, esta justica aún está incompleta. Los tres cargos por narcotráfico, el de delincuencia organizada y el falsear declaraciones no cubren todo el daño hecho al país, aún hay muchos delitos pendientes y muchas personas por juzgar.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho el cálculo de que el daño hecho por García Luna es de más de 750 millones de dólares. Para dimensionar la cantidad, equivale al presupuesto de Ciudad Juárez para 2022 y 2023 (13.9 mil millones de pesos). Una sola persona se apropió de casi la misma que se destina a un millón y medio de juarenses.

Lo peor, hasta el veredicto de esta semana, se creían intocables. Se hicieron multimillonarios a costa del sufrimiento de un país. En vez de sentir vergüenza por sus actos, recibían honores y reconocimientos. Bien merecido tienen que, ahora, estén en el banquillo de los acusados. Pero el daño causado es bastante más profundo.

En Ciudad Juárez, recordar el sexenio de Felipe Calderón es recordar una época de violencia y barbarie que cambió para siempre nuestras vidas. El dato más claro, en sólo 4 años el índice de homicidios se incrementó más de 10 veces. En 2007 se registraron 320 homicidios, en 2010 3,622. Son cifras que se dicen rápido, pero que significan miles de vidas destrozadas.

En nuestra memoria colectiva, quedó muy marcado ese año de 2010 por la Masacre de Villas de Salvárcar, estudiantes que no rebasaban los 20 años, que fueron cobardemente asesinados.

Ellos fueron doblemente víctimas, del crimen organizado y, también, de los encargados de la “estrategia de inseguridad” –dirigida por García Luna-. Aunque hoy, después del juicio, podemos estar seguros que eran los mismos.

Ni siquiera la muerta los salvó de García Luna. Con tal de no reconocer el desastre que fue su estrategia, responsabilizaron a las víctimas de los errores de su gestión.

Acostumbrados a mentir con impunidad, manejaron la versión de que era un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Lo cierto es que con estos estudiantes mataron una parte del corazón de los juarenses.

Recordamos bien esa época, también cuando ese gobierno tuvo el descaro de venir a nuestra ciudad a presentar su estrategia: Todos somos Juárez. De ese acto, sólo nos sentimos representados en las palabras de una de las madres de las víctimas cuando le reclamó a Calderón:

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni han querido hacer justicia. Juárez está de luto. Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que, si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino…”

Aún estamos esperando justicia para esas víctimas y para sus familias. Además del narcotráfico, de robar millones de dólares del erario, son responsables del dolor de miles de familias, de frustrar el futuro muchos jóvenes. Convirtieron a Ciudad Juárez en un gigantesco Panteón.

Poco a poco, trabajando de juntos, estamos reconstruyendo el tejido social. Pero es imperativo mantener viva la memoria de las víctimas de Calderón y García Luna y seguir exigiendo justicia.

En nuestra memoria colectiva, quedó muy marcado ese año de 2010 por la Masacre de Villas de Salvárcar, estudiantes que no rebasaban los 20 años, que fueron cobardemente asesinados