ANALIZA FGE RECURSOS JURÍDICOS A SU ALCANCE
La vinculación a proceso penal en contra del exfiscal de Derechos Humanos Francisco G. A., está sustentada en una investigación sólida y eficiente que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó el fiscal César Jáuregui Moreno, quien destacó que, serán las autoridades judiciales las que resuelvan si entregan el caso a la federación, tal como lo ordenó un Tribunal Colegiado la semana pasada.
Ante esto, dijo que la FGE es respetuosa de los fallos judiciales y que se habrán de acatar, pero que, también se analiza los recursos jurídicos que tienen a su alcance para que el caso continúe dirimiéndose en el ámbito local.
El fiscal mencionó que, existe un interés por parte de la federación por atraer el caso, sin que exista una justificación real, pues con la vinculación a proceso y la negativa de otorgar un ampro contra esta medida, validan la actuación que ha tenido la fiscalía en la investigación de este asunto, por lo que debe continuar en el estado.
Dijo que, como fiscalía están al tanto de lo que suceda en el ámbito judicial y que, en el momento en que sea imprescindible entregar el caso lo harán acatando las disposiciones de los jueces e indicó que, por el momento no se tiene previsto solicitar más órdenes de aprehensión en contra de Francisco G. A.
Refirió que, las víctimas que han denunciado los casos de tortura ejercidos supuestamente por esta persona son las que se han opuesto a que la federación atraiga el caso, debido a que una autoridad local ya encontró elementos suficientes para vincular a proceso y temen que si es llevado en el ámbito federal, se pueda revertir esta situación.
Francisco G. A., quien se desempeñó como fiscal de Derechos Humanos y fuera el responsable de la “Operación Justicia”, fue detenido el pasado mes de noviembre y se le vinculó a proceso, medida contra la cual se amparó, pero, la semana pasada un juez determinó la validez de la vinculación.
Así mismo, a través de una “autodenuncia” buscó que la federación atraiga su caso y la semana pasada, el Tribunal Colegiado falló a favor de que el estado entregue el procedimiento a la justicia federal.